El grupo criminal con origen en Rusia, Conti, aún amenaza al gobierno costarricense con difundir información importante adquirida luego de hackear los sistemas del Ministerio de Hacienda, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Los ciberdelincuentes piden al gobierno pagar US$10 millones a cambio de no hacer públicos los datos, por ejemplo los de cientos de contribuyentes registrados en Hacienda; sin embargo, el presidente de la República Carlos Alvarado, indicó que no enviarán el dinero a Conti.
A raíz de esta situación, el secreto tributario fue vulnerado y podría generar graves consecuencias inmediatamente o a mediano plazo. Marco Vargas, experto tributario de VV&A, recalcó que a pesar de la importancia que tiene la falta de protección de estos datos, el gobierno no ha dado una respuesta oportuna.
El experto detalló las implicaciones que podría traer este ciberataque para los contribuyentes: “Con los hackeos de las bases de Hacienda y con la publicación de información de los contribuyentes en la red oscura, se genera un grave peligro a los contribuyentes que depositamos en la administración tributaria información sensible como ventas, gastos, relaciones comerciales con terceros; información de representantes legales y otra gran cantidad de información”.
También le puede interesar: Fue desde el domingo que Conti informó del hackeo.
Patrimonio en peligro
Vargas explicó que este ataque representa riesgos en la reputación, en la información que puede llegar a manos de la competencia, en relaciones comerciales con terceros e incluso los patrimonios de los contribuyentes peligran.
“Esto es una vulneración a la intimidad personal y económica, lo que podría generar hurto, chantaje, competencia desleal, perjuicios económicos graves y crear un clima de incertidumbre”, aseguró el experto.
Agregó que en el 2016, cuando se aprobó la ley de lucha contra el fraude fiscal, a causa de la filtración de datos, se optó para que la información del registro de beneficiarios finales fuera gestionada por el Banco Central.
Para el director de la firma VV&A, este ataque da una ruta de cuáles serán las futuras acciones para proteger los derechos de los contribuyentes si la información se hace pública.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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