La Defensoría de los Habitantes en conjunto con la diputada del Partido Integración Nacional (PIN), Patricia Villegas, impulsan el proyecto de ley 22.112 para prevenir la re-victimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo nacional.
De acuerdo con Villegas, la ley de Carrera Docente y su reglamento anterior al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7.739), no permea los principios orientados del derecho de niñez, de la doctrina de la protección integral y tampoco las nuevas concepciones sobre victimología.
Para la congresista, la ley vigente responde a sus tiempos y exhibe un enfoque adulto céntrico, pro funcionario y no una visión en favor de los derechos de la niñez.
“Esta propuesta de ley permitiría prevenir la re-victimización en el procedimiento disciplinario del Ministerio de Educación Pública, acortará los tiempos y garantizará las mejores condiciones procesales tanto para las víctimas como las partes acusadas”, explicó Villegas.
Proyecto haría reformas basadas en los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
De acuerdo con la Defensoría, el proyecto busca incorporar en la Ley de la Carrera Docente, un enfoque basado en los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, con principios orientadores que funcionen como contrapeso para prevenir la re-victimización de los menores de edad, estudiantes involucrados en procedimientos, y en condición de víctimas o testigos.
“El procedimiento disciplinario docente debe constituirse en un medio para garantizar que solamente el personal docente más idóneo, en términos éticos, morales y profesionales, se mantenga a cargo de la educación de los miles de niños, niñas y adolescentes que asisten diariamente a los centros educativos de nuestro país”, detalló Villegas.
La diputada añadió que “el rezago más relevante continúa siendo la no consideración de la víctima como sujeta de derecho, y, por consiguiente, su cosificación y uso como objeto del procedimiento”.
Este proyecto de ley implicaría modificaciones y reformas dirigidas a:
- Reconocer y reivindicar la condición jurídica y social de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
- Verificar y garantizar que el interés superior del niño sea una consideración primordial en toda resolución emitida en el marco de un procedimiento disciplinario del personal docente o administrativo del Ministerio de Educación Pública que incida o afecte a una o varias personas menores de edad de manera directa o indirecta.
- Incorporar principios como el in dubio pro víctima y el de no re-victimización.
- Reducir los tiempos promedio de los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo del MEP.
- Garantizar que se adopten las medidas cautelares necesarias y conducentes a proteger a la víctima en todos los casos en que se denuncie a un servidor o servidora docente o administrativa por supuesto maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una o varias personas menores de edad.
“Con esta iniciativa se garantiza que los funcionarios denunciados gocen de todos los derechos relativos al debido proceso y garantías procesales; así como la restitución en todos sus derechos al estado inmediato anterior que disfrutaba antes de la denuncia de encontrarse inocente”, aseguró Villegas.
Diputada considera urgente el funcionamiento de esta ley
De acuerdo con la diputada, son muchos años en los que las víctimas han sido re-victimizadas en el procedimiento, relatando sus testimonios en varias ocasiones sin las condiciones necesarias.
“Muchos de los casos que llegan a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia sobre violencia física, emocional o sexual contra menores de edad dentro del sistema educativo costarricense, son desgarradores. Es doloroso conocer el proceso que lleva un menor de edad por años, para que finalmente sea rechazado por tecnicismos, o bien, porque el régimen es pro operario y por ende deja por fuera del proceso a la víctima por ser menor de edad”, detalló Villegas.
La congresista añadió: “Esta Asamblea Legislativa se ha caracterizado por hacer importantes reformas al país, y en particular al sistema educativo, que aún tiene muchos rezagos y áreas de mejora, entre esas, se encuentra lo que pretende este proyecto, las garantías procesales para los menores de edad”.
El MEP mencionó en su memoria institucional del 2006-2014, que la vulnerabilidad de los menores se relaciona con:
- Violaciones a los derechos dentros del sistema educativo.
- Casos de violencia contra los estudiantes, particularmente las agresiones físicas y psicológicas en contra de estos.
- Casos de acoso laboral de los funcionarios y funcionarias.
- Casos de hostigamiento sexual, en sus diversas manifestaciones en el ámbito educativo contra estudiantes.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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