Patrocinio

Entendiendo el concurso que eligió el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa

El concurso recibió 23 propuestas, pero solo una cumplió con el mínimo de 60 puntos impuestos por el jurado

Hace 7 años, el Fideicomiso Inmobilario Banco de Costa Rica – Asamblea Legislativa (BCR-AL) abrió un concurso para diseñar y construir el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa por medio de un crédito cercano a los  ¢52.000 millones. 23 consorcios y firmas arquitectónicas enviaron sus propuestas para ser evaluadas. 

El diseño ganador fue el del consorcio Térraba-Mora conformado por los arquitectos Javier Salinas y Karin Nagel y los ingenieros Marianela Picado y Hans Barrantes. Este fue el único que superó la nota mínima de 60 puntos impuesta por el jurado calificador. 

“El proyecto de Salinas era demasiado fuerte y potente, (…) muchos estaban lejos de la idea de lo que debería ser un proyecto símbolo”, aseguró Carlos Álvarez, miembro del jurado, y presidente del Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros (CFIA) en ese momento. 

El proyecto “Puente” diseño único en su clase debido a su construcción horizontal sobre otros edificios, según el Jurado, cubría la totalidad de tres manzanas y se elevaba por medio de cuatro ductos principales sobre la actual Asamblea Legislativa. De acuerdo con sus diseñadores, representaba la horizontalidad democrática y su contraste de líneas modernas, enmarcaba y celebraba los edificios patrimoniales existentes. La propuesta obtuvo nota casi perfecta en casi todos los rubros de evaluación entre los que estaban los aspectos funcionales, el diseño innovador y la ocupación eficiente del terreno. 

Croquis del proyecto “Puente” por el Arq. Germán Samper (1924-2019).

Una vez obtenidos los primeros permisos del CFIA, y parte del dinero del BCR-AL, una denegatoria del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) impidió su construcción pues alegó que el diseño dañaría los edificios legislativos considerados patrimonio nacional y opacaría la vista de otros como el cuartel Bellavista (Museo Nacional).

Fue por ello que el BCR-AL solicitó al Arq. Salinas presentar un nuevo diseño.

Diseño ganador (izquierda), diseño actual (derecha).

Los mejores calificados

El segundo lugar del concurso lo obtuvo la Firma Carazo Arquitectos en conjunto con Lacayo Arquitectos, quienes obtuvieron una puntuación de 45,29. No obstante, Vanessa Durán, arquitecta del proyecto, dijo a aDiarioCR.com que no iban a comentar sobre su proyecto debido a la mala experiencia que habían tenido con el concurso.

En el 2014, Rodrigo Carazo, arquitecto líder del proyecto, presentó una medida cautelar ante las instancias judiciales en contra de la adjudicación del proyecto.

El tercer lugar lo obtuvo la propuesta del consorcio Reventazón – Barva con una nota de 44. De acuerdo con las tablas de evaluación, los rubros con menor calificación fueron innovación y calidad del espacio. 

Este consorcio compuesto estuvo compuesto por los arquitectos Sergio Álvarez y Sergio Camacho, los ingenieros José Luis Campos y Nelson Cárdenas y la oficina de arquitectos Quirós Rossi. Según describieron en su propuesta, fue un diseño que integró de manera efectiva el complejo patrimonial josefino. 

La propuesta contemplaba dos edificios, uno para oficinas de diputados y otro para el plenario y parqueos, de acuerdo con las estipulaciones del concurso. Para Sergio Álvarez, mantener edificios compactos era primordial para mantener un respeto patrimonial hacia los otros inmuebles. Sendos edificios de 14 niveles estaban acentuados por un patio de luz. 

Afuera del plenario también se contaba con una plaza “de expresión pública ciudadana” que se integraba al inmueble y servía como ruta de conexión entre el edificio y el resto de los espacios. Arriba de ésta se localizaba el plenario rodeado de ventanales rectangulares, con una cúpula en su parte superior. En el tercer piso sobre éste estaría la biblioteca parlamentaria. El edificio también contaría con puertos de ventilación para facilitar el paso de aire y aclimatar el área. 

Conjunto de edificio parlamentario (izq.), oficinas (der.) y Centro Cívico. Consorcio Reventazón – Barva
Corredor interno.
Edificio de Oficinas.
Edificio Parlamentario.
Parlamento, Sala de sesiones.

El proyecto también contaba con un bulevar, un pasaje subterráneo entre los edificios, un puente y una parada de bus. De acuerdo con los diseñadores se apostó a una arquitectura para la democracia que estimulaba, a través de espacios públicos y edificios, un sentido de pertenencia, identidad y memoria colectiva.

El cuarto lugar lo obtuvo el consorcio Tortuguero Paraíso, conformado por las firmas FSA y Ossenbach, Pendones y Bonilla. La propuesta obtuvo un 40,86, con calificaciones bajas en criterios de innovación y solución de aspectos del entorno.

El quinto lugar lo obtuvo la firma de arquitectos e ingenieros ICESA S.A., la cual presentó su propuesta con el apoyo de Tactic Arquitectos. El proyecto fue pensado para representar un espacio democrático, abierto y transparente combinando el uso de diferentes materiales, volúmenes desintegrados y accesos públicos. 

La propuesta presentó un edificio en cada extremo del actual plenario que creaba un espacio de enlace entre las cuatro plazas públicas. El primer edificio, destinado para las oficinas legislativas era el más alto y presenta una ‘grieta’ en forma de paneles de vidrio para partir su masa. El mismo se encontraba ‘girado’ para crear una serie de espacios públicos complementando al Parque Nacional. El inmueble también contaba con un puente abierto el cual se conectaba al antiguo plenario. 

El segundo edificio albergaba los espacios democráticos, incluyendo el plenario. Éste presentaba una especie de zócalo y una plaza cívica con un tragaluz de donde podía verse el plenario vía un lucernario. Ambos edificios irían recubiertos de acero corten (acero rojizo).

De acuerdo con Sebastián Alfaro, arquitecto a cargo del proyecto, la idea era que las personas pudieran estar involucrados con los lugares de discusión nacional y pudieran tener control visual de lo que estuviera pasando en el plenario. 

El proyecto presentado por ICESA recibió un 39,86 por parte del Jurado. Obtuvo la mitad de los puntos en rubros como sostenibilidad, solución de aspectos climáticos y en carácter y calidad del espacio. 

Circuito Cívico conformado por el edificio de oficinas (izq.) y el edificio parlamentario (al fondo). ICESA. S.A.
Edificio Parlamentario frente al Edificio Sión.
Parlamento legislativo.
Plaza a las afueras del edificio de oficinas.
Edificio de Oficinas, vista general.

Studio Saxe

Plenario Legislativo mirando a la Plaza de la Cultura, Studio Saxe.

Debido a que Studio Saxe cambió los edificios del lugar predeterminado por el concurso, la propuesta fue desechada por el BCR y no obtuvo calificación.

La firma arquitectónica presentó su propuesta como una forma de reutilizar espacios públicos abandonados e incentivar a las personas a volver a la ciudad. La firma posicionó el edificio del parlamento al lado de la Plaza de la Democracia generando un “nuevo centro cívico”, conformado por edificaciones permeables y zonas públicas amplias.

El inmueble parlamentario era una propuesta arquitectónica no hermética, con vacíos acompañados de vegetación. Durante el verano estas terrazas enfriarían el aire caliente y en invierno dejarían que hubiese flujo de aire sin que penetrara el agua. Adicionalmente, dos inmuebles posicionados al otro lado del parlamento albergarían las oficinas. Estos módulos presentarían estructuras idénticas al primero pero con diferentes alturas. 

Edificio de Oficinas.
Conjunto de edificios. Circuito Cívico.

“Las ciudades deben ser abiertas al público, principalmente las zonas de carácter político y cultural, así que los edificios que propusimos tenían dos conceptos importantes: uno era ser muy permeable para conectarse con su contexto y su gente, otro era tener una altura intermedia para respetar los edificios existentes”, explicó Laura Morelli, arquitecta del proyecto. 

La propuesta también incluía un plan para vincularse por medio de un paso peatonal con la Avenida Central y la eliminación de barreras físicas entre inmuebles, así como un puente aéreo sobre copas de árboles para articular ambos edificios.

Proyecto en construcción 

El actual edificio parlamentario es de 21 pisos: 17 pisos sobre el nivel de la calle de Cuesta de Moras que albergarán las oficinas de diputados, el plenario, parqueos, salas de reuniones, salas de comisiones, barra de prensa, barra de público para más de 200 personas, un patio interno y cuatro niveles bajo tierra en donde se ubicará el Plenario Legislativo.  El costo del proyecto se estima en los ¢61.600 millones y se espera que su construcción finalice para el primer semestre del 2020.

Maron Velásquez, gerente del proyecto, señala que el inmueble cuenta con un diseño bioclimático en el cual se aprovecha la fachada de concreto como un aislante natural y un sistema de ventilación cruzada para mantener el edificio fresco naturalmente, reduciendo el uso de aire acondicionado. A su vez, se incorporó un sistema de reaprovechamiento de aguas pluviales para uso de servicios sanitarios. 

Patrocinio

El nuevo diseño empezó a recibir fuertes críticas por parte de arquitectos, figuras políticas y ciudadanos una vez que la obra gris empezó a verse a mediados de año. Artículos de opinión hablando sobre el ‘edificio más feo del mundo’, foros en donde se discutía su deficiencia estructural y climática y posteos en redes sociales comentando negativamente sobre el inmueble y su robusto exterior empezaron a circular. 

aDiariocr.com quiso conocer la opinión de Javier Salinas acerca de los comentarios pero prefirió no dar declaraciones sobre el tema. 

Antonio Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea, señala que éste no es un tema de diseño, sino de riesgo, pues los edificios actuales han sido declarados inhabitables: “aquí ingresan mas de 100.000 personas al año y básicamente todas corren peligro, (…) no es el momento de venir a discutir sobre la fachada del edificio que si es bonita, que si no es bonita, esto no es un centro comercial”.

Evaluación del Jurado

El jurado estaba integrado por los arquitectos Álvaro Rojas, coordinador del equipo, Carlos Álvarez, presidente del CFIA, Edgar Martín, arquitecto de la Asamblea Legislativa y Germán Samper, arquitecto colombiano y referente latinoamericano de arquitectura. Adicionalmente contaron con la ayuda de tres ingenieros: Tamara Becerra, Roberto Trejos y Fernando Ortiz

El proceso de calificación fue individual y en momentos diferentes para cada juez, los cuales llenaron hojas calificadoras iguales. Los proyectos fueron presentados bajo el nombre de consorcios para mantener a los autores en el anonimato. Previo a la evaluación final, los jueces contaron con tres semanas para discutir las propuestas admitidas por el BCR-AL.

Álvaro Rojas, coordinador del jurado, asegura que fue uno de los concursos más transparentes que haya visto en el país y que admiró la manera en que fue organizado: “no hubo influencia de nadie, (…) nadie llamó a ningún miembro del jurado para influir”. 

Favoritismo

No obstante, los participantes consultados por aDiariocr.com y funcionarios han señalado diferentes irregularidades en el proceso de calificación y un cierto trato especial al diseño que terminó ganando el único primer lugar.

El cartel del concurso llamaba a excluir de la futura construcción al terreno en frente de la Plaza de la Democracia, pues en el momento, aún no había sido adquirido por BCR-AL.  Tanto el proyecto ganador como el de Studio Saxe hacían uso de esta sección, sin embargo, solo el segundo fue descalificado, confirmaron los arquitectos involucrados. 

De acuerdo con Rojas, si bien el puente del proyecto ganador sí descansaba en este terreno, no era razón suficiente para descalificarlo: “Había alguna cosa superior, que era la calidad de ciudad que estaba haciendo este proyecto que ganó”.

Es importante destacar que el proyecto del Studio Saxe no cumplió con criterios de admisibilidad evaluados por el ente organizador (BCR-AL) por lo que el jurado ni siquiera llegó a calificar el proyecto. 

Sergio Álvarez (tercer lugar) apuntó que el jurado obvió los aspectos técnicos y estructurales de los proyectos y privaron solo lo simbólico y lo arquitectónico, escogiendo así un proyecto ganador que al final nunca pudo construirse: “El jurado no es el que da el permiso de construcción, el jurado da una evaluación teórica del asunto en general, pero ellos no entraron a ver si cumplía con cada uno de los reglamentos”. 

Por su parte, Carlos Álvarez, miembro del Jurado, señaló que el diseño ganador era “totalmente viable” y que el proceso de evaluación tuvo carácter técnico. Con respecto a la hoja de evaluación, el rubro de aspectos funcionales representaba un 15%. Álvarez destacó que se trabajó de la manera más minuciosa y ética posible: “se pensó en aquel momento lo mejor para el país”. 

El proyecto de Salinas y Nagel también se salía del rango aprobado por el cartel del concurso (USD$60.000.000) por casi mil millones de colones, razón suficiente para no ser admitido por el concurso, aseguraron algunos entrevistados. Sin embargo, Álvaro Rojas, coordinador del jurado, explicó que varias propuestas se salían del rango estipulado por el concurso debido a que la suma propuesta era algo baja para el tamaño de proyecto que se quería realizar. Al final, el concurso admitió a las propuestas que se excedían para que luego tuvieran la oportunidad de reajustarlo.

Sin embargo, una vez elegido el proyecto ganador, el BCR-AL estipuló en documentos oficiales que el monto seguía superando la meta propuesta por el concurso. “Es por lo anterior que deseamos saber si es posible ajustar el proyecto presentado al monto establecido en dicho cartel”, lee una recomendación firmada por Francisco Acuña, Gerente de Finanzas Corporativas del BCR e Ingrid Salazar, Oficial de fideicomisos. En ese mismo documento, el monto estimado del proyecto quedó en USD$59.673.516,50.

Patrimonio Ausente

El Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural (CICPC) fue la institución que puso fin al primer proyecto “Puente” al no darle su visto bueno, sin el cual no se podían obtener los permisos de construcción necesarios.

De acuerdo con Carlos Álvarez, miembro del Jurado y presidente del CFIA, el colegio había planteado incluir a algún miembro del CICPC dentro del Jurado; sin embargo, asegura nunca haber recibido respuesta por parte de la entidad y continuaron el proceso sin ellos.

Por su lado, Adrián Vindas, director interino del CICPC, afirma no haber recibido ninguna invitación por parte del CFIA para participar del proceso y que se enteró del mismo hasta que se les pidió analizar el anteproyecto de Salinas: “se determinó que el edificio era totalmente negativo al patrimonio nacional”. 

Pese a la negativa del CICPC y la recomendación del BCR-AL de no adjudicar el proyecto, la propuesta fue aprobada por el Directorio Legislativo para ser denegada meses después.

Único primer lugar

Debido a que el proyecto de Salinas fue el único en obtener nota mayor a 60, solo esta propuesta pasó a la etapa final de evaluación, en donde el BCR-AL repartiría los 30 puntos restantes.

De acuerdo con Carlos Álvarez, el concurso era de índole privado y llevado a cabo por el Fideicomiso BCR-AL, hecho que le permitía no apegarse a la Ley de Contratación Administrativa y a la norma usual de tener una terna de posibles proyectos viables. No obstante, en el artículo 4.2.1. del concurso se establecía que en caso de que no hubieran al menos 3 ofertas sobre el límite de 60 puntos, el BCR se reservaba el derecho de declarar desierto el concurso, es decir, que debido a una situación de interés público el mismo se anularía.

Sin embargo, tras una consulta realizada a la Asamblea Legislativa por parte del BCR, el proceso continuó como tal. Al no contar con otras opciones, en el momento de la denegatoria por parte de patrimonio, el BCR-AL decidió adjudicarle al Arq. Salinas el nuevo proyecto.

Para Sebastián Alfaro, uno de los arquitectos participantes y ganador del 5º lugar, el concurso decidió seguir los criterios de selección de forma aleatoria, afectando el resultado final “no cumplíamos la nota mínima, pero si igual ya se habían saltado tantas normas es un poco raro que no hubieran, a como se saltaron la del precio, haber dicho vamos a agarrar estas cinco (propuestas)”.

El actual proyecto del edificio de la Asamblea Legislativa, inicialmente planeado para construirse a mediados del 2013, finalizará su construcción en el primer semestre del 2020 y costará al menos ¢20.000 millones más de lo originalmente presupuestado.

¿Qué le pareció esta nota?

Califíquenos de 1 a 5 estrellas

Si le pareció interesante esta nota,

¡síganos en redes sociales!

¿Cómo podríamos mejorar esta información?

Comentarios

 

Acerca del autor Esteban Hidalgo Pena

Artículos recomendados