Por: Sergio Zamora Sauma, Master en Política Económica
Costa Rica enfrenta un desafío que se ha convertido en una constante: el déficit fiscal.
Año tras año, los ingresos del Estado resultan insuficientes para cubrir el gasto público, obligando a recurrir al endeudamiento y a medidas de ajuste que no atacan la raíz del problema. Esta situación compromete la sostenibilidad financiera del país y limita la inversión en áreas esenciales como infraestructura, educación y salud.
A este panorama se suma la rigidez presupuestaria, que restringe la capacidad del Estado para redistribuir recursos según las necesidades emergentes. Más del 90% del presupuesto nacional está comprometido en destinos obligatorios —remuneraciones, transferencias, servicio de la deuda y asignaciones constitucionales— dejando apenas un margen mínimo de discrecionalidad. En la práctica, esto significa que el Estado tiene muy poco espacio para responder a las demandas de las comunidades y para corregir desigualdades territoriales.
El resultado es claro: los gobiernos locales dependen de transferencias del gobierno central, carecen de autonomía fiscal y enfrentan serias limitaciones para garantizar servicios básicos, infraestructura y sostenibilidad ambiental. Esta dependencia perpetúa inequidades y debilita la cohesión social.
El fortalecimiento del proceso de descentralización fiscal y administrativa
Pero existe una salida. El fortalecimiento del proceso de descentralización fiscal y administrativa puede convertirse en una estrategia clave para enfrentar simultáneamente el déficit fiscal y la rigidez presupuestaria.
Si los municipios logran aumentar sus ingresos propios —por ejemplo, mediante una gestión más eficiente de impuestos locales como el de bienes inmuebles— podrían reducir o incluso eliminar la dependencia de transferencias. Más aún, si se les transfieren funciones adicionales desde el gobierno central y las instituciones autónomas, acompañadas de los recursos correspondientes, los gobiernos locales podrían asumir un papel más activo en la provisión de servicios y obras públicas.
La descentralización no solo fortalecería la democracia local y la equidad territorial, sino que también abriría espacios de flexibilidad presupuestaria en el nivel nacional. Al redistribuir funciones y recursos, el Estado podría aliviar la rigidez que hoy lo limita y avanzar hacia un modelo más eficiente y equilibrado.
El nuevo gobierno que inicia el 1° de mayo tiene ante sí una oportunidad histórica. Reforzar el camino hacia la descentralización no debe verse únicamente como una medida para fortalecer la autonomía fiscal municipal o mejorar la eficiencia y rendición de cuentas. Es, además, una estrategia para mejorar el balance fiscal nacional. Apostar por municipios más fuertes y con mayor capacidad de gestión permitirá al Estado costarricense avanzar hacia una estructura más sostenible, equitativa y cercana a las necesidades de su población.
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