Por: Franklin Binns, Farmacéutico

La reciente publicación de la Circular MS-DRPIS-UN-001-2026 por parte del Ministerio de Salud marca un hito en la regulación del cannabis medicinal en Costa Rica. Si bien el documento intenta resolver un "cuello de botella" administrativo apelando a la flexibilidad del artículo 41 de la Ley N° 10473, la estrategia elegida plantea interrogantes profundas sobre la seguridad del paciente y la verdadera competitividad del sector.
A continuación, tres puntos críticos que merecen una discusión nacional:
1. ¿Excepciones basadas en el riesgo o en la urgencia administrativa?
La gestión de riesgos es el corazón de las normativas de calidad modernas. No obstante, la circular permite escenarios donde laboratorios sin el ensayo específico acreditado, o incluso sin la técnica analítica acreditada bajo la norma ISO/IEC 17025, emitan certificados de análisis para productos de cannabis.
Aunque el Ministerio intenta mitigar este peligro exigiendo informes de validación y verificación de aptitud técnica, surge una duda razonable: al prescindir de la evaluación técnica experta del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), el Ministerio asume una carga de revisión metrológica para la cual el país ya tiene un ente especializado. ¿Para qué debilitar la institucionalidad del Sistema Nacional para la Calidad en un tema tan sensible?
2. El espejo internacional: ¿Cómo lo hacen los países de referencia?
Costa Rica no es el primer país en enfrentar la escasez de laboratorios acreditados en cannabinoides. Sin embargo, naciones como Canadá, Alemania o Uruguay han tomado rutas distintas a la "excepción documental":
- Designación de Laboratorios de Referencia: El Estado puede fortalecer laboratorios oficiales bajo procesos de reconocimiento acelerado con estándares de la OCDE o farmacopeas internacionales (USP/EP). Si ya entre 2018 y 2022 el Ministerio de Salud invirtió más de ¢800 millones en el Laboratorio de Análisis Farmacéutico (LAYAFA) de la Universidad de Costa Rica, UCR, para análisis de medicamentos, ¿no podría exigirle a ese laboratorio resolver esta necesidad técnica?
- Ensayos de Aptitud (Proficiency Testing): En lugar de relajar la norma, se puede obligar a los laboratorios a demostrar su competencia técnica real participando en comparaciones interlaboratorios internacionales.
3. La falacia de la competitividad vs. la seguridad
Existe el riesgo de caer en el error de pensar que "bajar la vara" favorece al mercado local. La realidad es que esto crea una burbuja de competitividad que solo funciona a nivel interno. Los productos con certificados de análisis, emitidos bajo estas excepciones, podrían ser rechazados en mercados de alta vigilancia, como la Unión Europea, socavando nuestra capacidad exportadora a largo plazo.
Más grave aún es el impacto en el paciente. En el cannabis medicinal, la precisión en la cuantificación de THC, CBD y sus otras estructuras es vital para una dosificación segura. Un error analítico no es solo un dato incorrecto; es un paciente que podría no recibir el efecto terapéutico o, peor aún, sufrir efectos psicoactivos no deseados.
Responsabilidad trasladada
Finalmente, la circular traslada la responsabilidad total de la veracidad y sustento técnico al solicitante mediante una declaración jurada. Si bien esto cubre legalmente a la administración, deja desprotegida a la población: para cuando se detecte un fallo, el daño a la salud pública ya habrá ocurrido.
La regulación sanitaria en Costa Rica debe volver a lo básico: la protección de la persona. No podemos permitir que el derecho a la salud se vea comprometido bajo falsos ideales de competitividad o agilidad burocrática, o peor aún, por la presión política, económica de un mercado de “cannabis medicinal” incipiente.

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