Por: Dra. Sadie Morgan, Presidente Médicos por la Vida Costa Rica
La Comisión Directiva de la Asociación Médicos por la Vida Internacional expresa su profunda preocupación ante la Declaración Conjunta “Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del Covid-19”, firmada el 6 de mayo de 2020 por ministros de 59 países, que incluyen a Costa Rica.
La sociedad civil debe conocer que, en dicho documento -bajo los eufemismos “derecho reproductivo” y “salud reproductiva”, así como la expresión redundante “aborto inseguro”- de manera solapada lo que se esconde realmente es la intención de “garantizar” la práctica del aborto inducido.
El cuidado de la salud NUNCA puede implicar el asesinato deliberado de ningún ser humano en ninguna de las etapas de su ciclo vital. Por el contrario, el llamado debe dirigirse hacia el cuidado del binomio madre e hijo, donde el paciente que está dentro del útero de su madre tiene los mismos derechos de recibir cuidados médicos como cualquier otro.
Para nuestra organización, la única forma de combatir el “aborto inseguro” es mediante la universalización de los cuidados de la madre, el niño y en general, de la familia gestante. Es esta la única alternativa respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de la persona.
Todo tipo de aborto inducido es inseguro, ya que atenta contra la fisiología de la gestación, cuya finalidad es el nacimiento del bebé a término y, por lo tanto, implica numerosos efectos perjudiciales para la salud física y psíquica de la mujer, tratándose de una práctica antiética que evade los amplios avances en medicina obstétrica y fetal, para promover la muerte del paciente intrauterino como si fuese un derecho humano.
Gobiernos deben garantizar el acceso a la salud
Instamos a los gobiernos de cada uno de los países a garantizar el acceso al agua potable, a los servicios de atención de emergencias obstétricas y a la atención calificada del parto -indicadores sanitarios básicos- bastante deficitarios en varios países firmantes y cuyo impacto en la disminución de la morbimortalidad materna está demostrado.
Exigimos que las políticas de salud de los gobiernos de turno prioricen las consultas prenatales para la detección y atención oportunas de las patologías y condiciones socioeconómicas adversas, para así evitar el aumento de la morbimortalidad materna y neonatal durante la pandemia.
Esperamos que éstas prerrogativas, consejos médicos y solicitudes sean atendidas con prioridad en sus agendas de salud para el bien común de todos los ciudadanos.
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