Esta tarde las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobaron en primer debate el proyecto de Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas #20.580, conocido como Plan Fiscal.
El proyecto tuvo 35 votos a favor y 22 en contra. Las fracciones de los partidos que apoyaron el plan fueron: Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), la mayoría de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el diputado independiente Erick Rodríguez y un legislador del Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Roberto Vargas.
Los 14 diputados de la fracción de Restauración Nacional (PRN) votaron en contra, así como los tres legisladores de Integración Nacional (PIN), y las diputadas verdiblancas Franggi Nicolás y Paola Valladares. José María Villalta del Frente Amplio (FA), Shirley Díaz del PUSC y Dragos Dolanescu del PRSC también votaron en contra.
Si este Plan Fiscal obtiene la aprobación de la Sala IV, pasaría a un segundo debate en plenario y si nuevamente es aprobado, la decisión de vetar o refrendar el Proyecto sería del Presidente de la República, Carlos Alvarado.
Esta Ley cambiaría los impuestos de venta y de renta y algunas estimaciones del salario público, es por eso que ha tenido a la población en ascuas por 26 días de huelga que han mantenido los sindicatos del país.
Con la aprobación
Se sustituiría el actual impuesto sobre las ventas de un 13% al mismo rubro pero como un impuesto de valor agregado (IVA), con algunas excepciones. El impuesto lo deberán pagar servicios actualmente exentos como gimnasios y aplicaciones móviles.
Se aprobaría el 1% IVA a la canasta básica. La medicina privada pagaría un 4% y los medicamentos y los insumos de algunos productos un 2%.
Con el Impuesto sobre la Renta, se adicionaría una escala del 20% a las remuneraciones mayores del ₡2,1 millones y del 25% para los montos superiores a los ₡4, 2 millones.
Se crearía una escala para las utilidades de pymes e iría de un 5% y un 20% para aquellas cuyas utilidades no superen los ₡106 millones.
También exonerarían las ganancias de las cooperativas, pero sus asociados deberán pagar un 10% sobre sus excedentes y un 15% por los rendimientos de sus títulos valores.
El Gobierno se incluiría como contribuyente y el Ministerio de Hacienda revisaría la veracidad de los endeudamientos que declaran los contribuyentes como gastos. Además, no habrá inclusión en declaraciones de renta realizadas con residentes en “paraísos fiscales”.
En el empleo público, se pondrían topes a los salarios del Presidente de la función pública, juntas directivas e instituciones en competencia. Se reduciría a la mitad los pagos permitidos por dedicación exclusiva y prohibición.
Los salarios superiores a los ₡4 millones se congelarán por dos años junto a las dietas de las juntas directivas institucionales. Se dictarían ocho años máximo para el pago de cesantía (como lo tiene actualmente el sector privado).
No se crearían nuevos incentivos a la aprobación de leyes específicas, las instituciones serían obligadas a denunciar convenciones colectivas y se derogarían los incentivos de confidencialidad, discrecionalidad y los que se paguen por años laborales.
Se elaboraría una imposición del pago nominal de las anualidades y se otorgarán solo a profesionales “muy buenos” evaluados anteriormente. Además, el Ministerio de Planificación (Mideplan) tomaría rectoría del Empleo Público.
Con la implementación de la regla fiscal, las instituciones públicas tendrían que utilizar superávits para amortizar su propia deuda.
También, si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda podría presupuestar los destinos específicos.
Para limitar el crecimiento del gasto existirían cuatro intervalos que contemplarían el nivel de deuda y el crecimiento de la producción y se abriría la puerta para incumplimientos de la propia regla en casos extremos, como declaratorias de emergencia.
Las amnistías condonarían de intereses y disminución de montos de penalización de un 80% máximo de los deudores con Aduanas, Tributación, IMAS, Inder e IFAM.
Asimismo, a entidades del Sistema Bancario Nacional se les reduciría un 80% máximo los montos de penalización y se les condonarán los intereses.
35 a favor, 22 en contra
Alexandra Loría, exdiputada de Restauración Nacional (PRN), asegura que "con 35 votos a favor y 22 votos en contra, la Presidenta de la Asamblea tiene por aprobado en primer debate el proyecto 20.580 en contra del criterio jurídico que dice que se requieren 38 votos a favor. El asunto lo decidirá la Sala Constitucional en consulta”. Según Loría, la Constitución Política indica en el artículo 167, que cuando se consulta un proyecto que afecta la organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, para apartarse de su criterio se requiere de 38 votos.
Para la Subjefa de la Fracción Legislativa del PAC, Nielsen Pérez, este es un proyecto que busca contribuir ante la difícil situación fiscal del país, que si bien, no queda totalmente solventada, si recibe un avance fundamental e impostergable.
“Somos conscientes de que esta es una medida impopular, sin embargo, hemos actuado con la responsabilidad que nos comprometimos a tener con el país, precisamente para enfrentar la situación fiscal en la que nos encontramos” indicó Pérez.
Su compañera de fracción, Laura Guido indicó que esta decisión se ha postergado en el país por más de 26 años y que la aprobación del mismo fue una acción responsable por parte de ellos.
La diputada liberacionista, María José Corrales, indicó: “Voté a favor del plan fiscal porque Costa Rica debe avanzar hacia la recuperación económica, dar confianza a los mercado, combatir la evasión, ajustar los presupuestos en una regla fiscal, lograr que quienes más ganen más aporten y colocar un tope al crecimiento de pluses excesivos”.
Por su parte, la diputada del PIN que votó en contra del Proyecto, Zoila Volio expresó que “este plan no contempla una verdadera reducción del gasto, no es progresivo, afecta a los deciles más bajos, sube el precio de los medicamentos y contempla muchas exenciones. No se vale y mil veces no se vale”.
El diputado Dragos Dolanescu dijo que por responsabilidad, su voto fue en contra del “paquete de impuestos”. “Por las personas con menos recursos; por los agricultores y los educadores; por los que pertenecen a la clase media, por todos los que se levantan día con día a pulsearla”, manifestó el legislador.
Este proyecto de Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas llevó 150 horas de discusión en comisión. En él se discutieron 3.460 mociones en comisión y 373 propuestas discutidas en plenario. En total hasta ahora suman 330 días de trámite.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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