El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya superó la fase de admisión de mociones de reiteración, lo que quiere decir que la presidenta legislativa Carolina Hidalgo, analizó las últimas modificaciones propuestas al plan.
En total la presidenta emitió resolución con respecto a la admisibilidad de 373 mociones, las cuales pasaron a manos de los diputados para discutirlas. Sin embargo, el primer encuentro del proyecto en el plenario fue apresurado.
Así lo calificaron varios legisladores, entre ellos la fracción de Restauración Nacional (PRN) y la del Partido Integración Nacional (PIN), que pidieron calma para evitar errores en el proceso, ya que podrían ocasionar que la Sala Constitucional se traiga abajo el proyecto.
Carlos Avendaño, jefe de fracción del PRN, indicó que no se quiere dar tiempo para que estudien el contenido de la resolución. “A Hidalgo le tomó 12 días analizar las propuestas, un trabajo muy grande y complejo; pero se está dando más tiempo para la lectura que para el análisis que definiría si se apela o no”, explicó el diputado.
Para la diputada del Partido Integración Nacional (PIN), Zoila Volio, el encuentro estuvo desordenado, con poco tiempo para discutir y mucho más para recesos.
Por otra parte, el diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN) explicó que este es un primer ejercicio para el próximo lunes comenzar a analizar las mociones con detalle. Considera que la presidenta legislativa hizo un gran esfuerzo para avanzar al menos en la admisibilidad de las mociones, no sin antes generar polémica.
El interés del proyecto
Uno de los proyectos que ha causado más polémica en los últimos años, es el de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas propuesto por el Ejecutivo de la Asamblea Legislativa.
Al ser una reforma tributaria, es un tema conflictivo, ya que afecta las finanzas de todos los actores económicos que contiene la sociedad. Prueba de ello es la huelga que han mantenido trabajadores de 32 instituciones desde el 10 de setiembre.
Uno de los motivos por los que el Gobierno insiste en este proyecto, es el déficit fiscal que proyecta el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que al finalizar el 2018 será un 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ese déficit representa una gran diferencia entre los gastos e ingresos del Estado, cuyo monto ronda los ₡2,5 billones. Por otra parte la deuda pública alcanzará un 53,8% de la producción.
La preocupación recae en que las crisis fiscales son caracterizadas por el incremento de inflación y de las tasas de interés. Un dato estremecedor si se tiene en cuenta que el límite sostenible de endeudamiento para países en desarrollo, según expertos, es de un 50%. 
Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), para el 2019 se proyecta una propuesta más sensata en el presupuesto nacional, que la presentada para el 2018.
Asimismo reveló que la pérdida de dinamismo de los principales impuestos se traduce en una fuerte tendencia hacia la desaceleración de los ingresos tributarios y que el servicio de la deuda sobrepasa los ₡4,5 millones.
Por su parte el Gobierno sostiene que la aprobación del proyecto es fundamental para desacelerar el crecimiento de la deuda y provocar confianza en el mercado nacional e internacional.
Lo que dicta el plan
La propuesta del plan incluye Impuesto al Valor de Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta y modificaciones en empleos públicos, regla fiscal y amnistías.
IVA:
- Transformación del Impuesto General de Ventas (IGV) al Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que permitiría gravar el sector de los servicios que representó en el 2017 la mayoría de la producción nacional.
- Tarifas reducidas para servicios como: salud privada, primas de seguros personales, medicamentos, compras de instituciones estatales, canasta básica, productos veterinarios, entre otros.
- Exonera ventas de bienes y exportación de servicios de zonas francas, intereses y comisiones de créditos, alquileres de organizaciones religiosas, entre otros.
Impuesto sobre la Renta:
- Se adiciona un 20% a las remuneraciones mayores de ₡2,1 millones y del 25% para los montos superiores a los ₡4,2 millones.
- Se gravan las ganancias de capital con un 15%.
- Año tributario de enero a diciembre.
- Escala para utilidades de pymes de entre un 5% y un 20% para utilidades que no superen los ₡106 millones.
- Ganancias de cooperativas se exoneran, pero sus asociados deberán pagar un 10% sobre sus excedentes.
- Inclusión del Gobierno como contribuyente.
- Hacienda revisará los endeudamientos que declaran como gastos los contribuyentes.
- No habrá inclusión en declaraciones de renta realizadas con residentes en “paraísos fiscales”.
Empleo público:
- Topes a los salarios del Presidente, de la función pública, juntas directivas e instituciones en competencia.
- Reducción a la mitad de los pagos permitidos por dedicación exclusiva y prohibición.
- Salarios superiores a los ₡4 millones se congelarán por dos años junto a las juntas directivas institucionales.
- Ocho años máximo para pago de cesantía (como lo tiene actualmente el sector privado).
- No se crearán nuevos incentivos a la aprobación de leyes específicas.
- Instituciones serán obligadas a denunciar convenciones colectivas.
- Derogación de incentivos de confidencialidad, discrecionalidad y los que se paguen por años laborales.
- Imposición del pago nominal de las anualidades y se otorgarán solo a profesionales “muy buenos” evaluados anteriormente.
- Ministerio de Planificación (Mideplan) tomaría rectoría del Empleo Público.
Regla fiscal:
- Instituciones públicas tendrán que utilizar superávits para amortizar su propia deuda.
- Si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda puede presupuestar los destinos específicos.
- Para limitar el crecimiento del gasto existirían cuatro intervalos que contemplarían el nivel de deuda y el crecimiento de la producción.
- Declaratorias de emergencia en caso de incumplimientos.
Amnistías:
- Condonación de intereses y disminución de montos de penalización de un 80% máximo de los deudores con Aduanas, Tributación, IMAS, Inder e IFAM.
- A entidades del Sistema Bancario Nacional se les reducirá un 80% máximo los montos de penalización y se les condonarán los intereses.
Lo que los sindicatos proponen
En el documento elaborado por sindicatos “Una reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica”, se proponen medidas para luchar contra el fraude fiscal y el impuesto sobre la renta; además se incluyen otras medidas tributarias.
Contra el fraude fiscal:
- Levantar el velo de la personalidad jurídica.
- Desjudicializar el requerimiento de información tributaria.
- Supervisión consolidada de los grupos financieros.
- Reformas al Código de normas y procedimientos tributarios.
- Regulación de precios de transferencia.
- Norma de Subcapitalización o deducibilidad máxima por gastos financieros.
- Regulación de la exoneración vigente sobre dividendos trasladados a sociedades de capital costarricense.
- Cláusula anti elusiva general.
- Desincentivar la participación de servidores públicos en paraísos fiscales.
- Transparencia de las sociedades inactivas.
Impuesto sobre la renta:
- Gravar herencias y donaciones de lujo.
- Escala tarifaria progresiva para personas jurídicas.
- Ganancias de capital + norma anti paraíso fiscal.
- Paso transitorio hacia renta mundial.
Otras medidas tributarias:
- Mejorar la eficacia de la valoración aduanera.
- Establecer un impuesto a las transacciones financieras (Tasa Tobin).
- Implementación de escaneo de contenedores para la inspección.
De acuerdo con los sindicatos, estas medidas solventarían como mínimo el déficit primario y aportarían entre un 2,38% y un 4,20% del PIB.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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