La recolección de cosechas ha quedado en manos de trabajadores migrantes desde hace varias décadas, una situación que amezana la producción agropecuaria del país, si se toma en cuenta que el estado migratorio de la mayor parte de quienes se dedican a esta tarea, no es legal.
Cerca de 73 mil trabajadores transfronterizos, migrantes temporales y por cuenta propia, se exponen a la deportación según datos de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). La principal consecuencia para los productores y agro empresarios que los contraten, son multas cuyos montos oscilan entre los ₡886 mil hasta ₡5 millones.
Estas tarifas comenzarán a regir a partir del próximo 6 de mayo, fecha en que se vence la última prórroga emitida por el Gobierno. “Es una situación compleja para el sector agropecuario porque por un lado dependemos de la mano de obra extranjera, pero al mismo tiempo les cerramos las puertas. Parte de estos trabajadores viven en otros países y vienen a trabajar a las fincas tan solo por unas horas o días, se les paga por trabajo realizado. Es un esquema que no calza con la regulación laboral aplicable a cualquier otro trabajador”, explicó Oscar Arias Moreira, vocero de la CNAA.
Productores de café, frijol, melón, caña de azúcar y cítricos, son los más afectados, ya que estos cultivos requieren de mucha mano de obra extranjera. Ejemplo de ello es que para la recolección de café, se necesitan 40 mil trabajadores transfronterizos solo en la fase inicial de la cosecha.
Régimen de excepción como alternativa
Ante la problemática, la CNAA propuso la promulgación de un decreto que declare un régimen de excepción con el que los productores pecuarios, agrícolas, agroindustriales, acuícolas y agroexportadores, puedan legalizar la condición migratoria de sus trabajadores.
“Desde el 2013 hemos abordado el tema, presentamos un proyecto de decreto ejecutivo, el cual no ha sido tomado en cuenta por falta de voluntad política y compromiso social. En todos los países del mundo existen reglas claras para los trabajadores con este estatus migratorio, en Colombia lo abordaron muy pragmáticamente, incluso Estados Unidos lo ha resuelto para recolectores de cosechas como naranja y hortalizas, tanto en California, como Florida y Texas, pero en Costa Rica aún no hay consenso”, detalló Arias.
El vocero de la CNAA, recalca que la gravedad del problema, es que si no tienen un trabajador regularizado en términos de migración, ningún sistema de seguridad social lo aceptará.
“En la propuesta también planteamos que se puedan registrar como trabajadores por cuenta propia, pues para asegurar un trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social este debe reportase el mínimo contributivo que es de ₡240 mil y muchas veces estos trabajadores al laborar solo algunas horas no llegan a ese salario”, añadió Arias.
Para la Cámara, es necesario una coordinación interinstitucional e intersectorial inmediata que permita que al trabajador temporal, cumplir con los requesitos de manera rápida y económica.
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