Nicaragua vive tensión ante aplicación de Carta Democrática de la OEA

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) discutió este viernes la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana ante la situación sociopolítica que se vive en Nicaragua. La solicitud provino de parte del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua, que se formó en el seno de la OEA para estudiar el conflicto interno que afecta al país vecino desde el 18 de abril de 2018 y que como denunció en diciembre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se contabilizaban 325 muertos, más de 200 heridos, 550 personas detenidas y enjuiciadas; despido de 300 profesionales de la salud y expulsión de al menos 80 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nicaragua.

La cita de este viernes se ampara en el artículo 20 de la Carta Democrática, el cual prevé que "en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente".

Medidas para restablecer el orden

El mismo documento indica que, de aprobarse la intervención de la OEA, esta "podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas".

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, la embajadora ante la OEA, Montserrat Solano Carboni, señaló que para el objetivo de fortalecer la institucionalidad democrática nicaragüense, se deben aprovechar los acuerdos vigentes entre Nicaragua y la OEA, “así como restablecer el orden democrático y dar una salida pacífica a la crisis en Nicaragua”.

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Para la representante de nuestro país, la oportunidad de buscar una solución a la crisis en el país vecino “pasa por detener inmediatamente las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo de Nicaragua”.

Montserrat Solano Carboni, embajadora de Costa Rica ante la OEA.

Entretanto, el canciller nicaragüense Dennis Moncada, presente en la sesión, rechazó la aplicación de la Carta Democrática, calificándola de "maniobra encaminada a desestabilizar y apoyar a grupos terroristas y golpistas", como se ha referido el gobierno de Nicaragua a los opositores que han liderado las protestas desde abril del 2018.

Tensión en Nicaragua

Mientras se celebraba en Washington la sesión del Consejo Permanente de la OEA, en Nicaragua se vivió una jornada de tensión, pues en distintos puntos de la capital hubo despliegue de la Policía Nacional, según informaron medios locales.

Además, este viernes se conoció también por redes sociales la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís Cerda, quien cuenta con una amplia trayectoria como parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder y que fundó el presidente Daniel Ortega. La renuncia de Solís fue motivada por la grave situación sociopolítica que enfrenta el país. "No veo sinceramente la más mínima posibilidad que ahora en el 2019 se retome un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación en nuestro país", escribió el exmagistrado en su carta de renuncia.

Para Solís, en Nicaragua hay "un verdadero Estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete". El gobierno de Ortega no ha emitido ningún pronunciamiento con respecto a esta renuncia, ni a los rumores que también circulan en redes sociales sobre la renuncia de otros funcionarios del Estado.