Costa Rica tiene una de las mayores tasas de urbanización de América Latina. El 60% de la población vive en un espacio que representa alrededor del 3,5% del territorio de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La urbanización podría conllevar además de desarrollo, aspectos negativos si se gestiona sin una visión coordinada y sistemática, pues es vital para crear equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
A pesar de la importancia de la planificación urbana y el ordenamiento territorial, la Contraloría General de la República (CGR) determinó a través de un estudio a 31 cantones -entre ellos San José, Escazú, Desamparados, Cartago y La Unión-, que se requieren acciones urgentes para fortalecer la capacidad de gestión en este campo.
“Un grupo de municipalidades presentan rezago en la elaboración del plan regulador (actualización, seguimiento y participación ciudadana) y la disponibilidad de herramientas tecnológicas para llevar a cabo efectivamente su gestión”, dice el informe de la CGR.
Otro de los hallazgos es que persisten brechas en trabajo intermunicipal e interinstitucional, para desarrollar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano dentro de la GAM.
Asimismo, se identificó que 11 gobiernos locales no tienen sistemas para almacenar y visualizar información del Plan Regulador. En cuanto a la participación ciudadana, 21 de los cantones estudiados no realizan procesos de consulta sobre satisfacción de necesidades urbanas y 14 no generan proyectos de renovación urbana en los que incluyan la opinión de sus habitantes.
Uso de la tierra debe ser acorde a las aptitudes de cada zona
Para fortalecer la capacidad de gestión de planificación urbana en los cantones, el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Esteban Acón, indicó que es necesario una gestión basada en ciencia y técnica, así como en el estudio de los cantones, de manera que la ocupación de los espacios sea acorde a las aptitudes y restricciones de cada zona.
“El trabajo intermunicipal e interinstitucional para desarrollar proyectos de ordenamiento es imprescindible. Para lograr que los instrumentos de planificación urbana impulsen un verdadero desarrollo sostenible se requiere un abordaje integral desde todos los diferentes ámbitos del quehacer humano”, explicó Acón.
Agregó: “Debe haber coherencia y coordinación entre la planificación urbana y los planes o proyectos de inversión de otras instituciones públicas, por ejemplo, AyA o el ente encargado de la gestión de agua en la zona, con el ICE o CNFL o cualquier operador en los temas de abastecimiento eléctrico, la cobertura de Internet, la construcción de centros de salud, entre otros”.
Para Acón, la participación de los ciudadanos en la planeación e implementación de estrategias de renovación y regeneración, es relevante porque la ciudadanía es parte integral del proceso, “al ser precisamente los ciudadanos los actores y beneficiarios de este tipo de iniciativas”.
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