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Ingresar celulares a cárceles podría castigarse con multas millonarias

Proyecto de ley propone castigar con despido e inhabilitación del ejercicio de funciones a empleados de las cárceles que sean sorprendidos ingresando aparatos de comunicación

Diputada Ivonne Acuña

Un nuevo proyecto de ley presentado por la diputada del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, pretende castigar con multas millonarias y prohibición de entrada a los centros penitenciarios a quienes se les encuentre tratando de introducir teléfonos celulares a las cárceles.

Se trata de una sanción de 10 salarios base del Poder Judicial, es decir, ₡4.462.000 y aplicará para quienes además de intentar ingresar dispositivos móviles, busquen filtrar cargadores, piezas de teléfonos o cualquier otro artefacto que pueda facilitar la comunicación desde los centros.

Asimismo, el proyecto de Ley 21.564 contra la facilitación de delincuencia en los centros de detención, incluye el despido e inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por más de tres y hasta cinco años, a los empleados de las cárceles que sean sorprendidos ingresando los aparatos de comunicación.

“Durante los últimos días hemos visto cómo se disparó la cantidad de víctimas de los delincuentes que desde las cárceles hacen lo que quieren, se ocultan detrás de teléfonos celulares para estafar. Ya es hora de poner fin a esa realidad que podría costar miles de millones a sus víctimas”, aseguró Acuña.

Para la legisladora, esta ley es la única forma de llevar un poco de tranquilidad a los costarricenses y evitar que más personas sean víctimas de estos delincuentes.

Diputada Ivonne Acuña

Operadoras deben bloquear sus señales a más tardar en abril del 2020

Con el fin de hacer frente a la problemática, desde agosto de 2018 se aprobó la ley para evitar estafas telefónicas desde los centros penales.

La iniciativa creó un reglamento para interrumpir la señal sin afectar las viviendas y comunidades aledañas a las cárceles. La ley aún no se ha implementado y por ello la Comisión de Seguridad de la Asamblea pedirá cuentas al Ministerio de Justicia por su aplicación ya que las operadoras están obligadas a bloquear su señal celular en las cárceles a más tardar en abril del 2020, nueve meses después de la publicación del reglamento.

Policías penitenciarios se prestan para ingresar los móviles

Decomiso

Este martes se dio a conocer un nuevo caso de un policía penitencial de La Reforma que fue sorprendido al intentar ingresar 7 celulares, 8 cargadores, 11 chips y un cargamento de cocaína.

El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, informó que la detención del funcionario tuvo éxito gracias a las labores de inteligencia realizadas previamente, pues este trabajador había sido analizado por las actuaciones sospechosas que mostraba.

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Asimismo se dio a conocer que hay más oficiales que están en proceso de análisis, por sus comportamientos y también por denuncias hechas por informantes dentro de la cárcel.

El Ministerio de Justicia contabilizó 50 celulares decomisados durante una semana de agosto en ese mismo centro penal, luego de que se filtró un video en donde siete prisioneros hacían llamadas telefónicas cuyos fines eran cometer estafas.

Denuncias por estafas telefónicas ya superan las 1.500

Las denuncias relacionadas con estafas telefónicas en 2019 ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya son más de 1.500. El OIJ asegura que están relacionados a gestiones que se hacen desde las 20 cárceles que existen en el país.

De acuerdo con los datos revelados por el OIJ, los delincuentes utilizan con mayor frecuencia los timos relacionados con la factura electrónica. Sin embargo, desde el 2015 hay denuncias por robos desde la cárcel donde se hacen pasar por funcionarios de municipalidades, bancos o del Ministerio de Hacienda.

Walter Espinoza, director del OIJ, reveló que, según las investigaciones, las bandas de estos privados de libertad utilizan un estilo de manual para cometer sus delitos, mismo que dicta cómo actuar y qué responder ante diferentes casos.

Los delincuentes reclutan personas que prestan sus cuentas bancarias para depositar en ellas el dinero producto de una estafa. Estas otros actores reciben a cambio montos económicos que van desde los ₡25.000 hasta los ₡200.000.

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    Marianela Sanabria Leandro
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    Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

     

    Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

    Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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