
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) trasladaría el próximo mes 3.071 km de rutas nacionales a la red vial cantonal.
Así lo denunciaron la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), instituciones que afirman que el decreto violaría el procedimiento para la transferencia de competencias, así como los artículos 170 y 171 de la Constitución Política.
Maikol Porras, Alcalde de Sarchí y presidente de la ANAI, explicó que “en todo el territorio nacional hay calles y caminos que por años han estado abandonados por parte del Conavi y el MOPT. Se trata de rutas nacionales que hoy las quieren trasladar a los gobiernos locales, pero sin una transferencia adicional de recursos”.
Por esta razón, tanto la ANAI como la UNGL piden a Rodrigo Chaves, presidente de la República, derogar el decreto.
“Nos oponemos y solicitamos la derogatoria del decreto para abrir de inmediato una mesa de diálogo y negociación en la Asamblea Legislativa que busque más recursos para la red vial”, añadió Porras.
Vías se encuentran en 78 cantones y su mantenimiento significaría ₡70 mil millones anuales
Las vías que se trasladarán, son tanto terciarias como secundarias. En su mayoría son de lastre, pues solo el 19% de las calles terciarias están con carpeta asfáltica.
Específicamente, estos territorios se localizan en 78 cantones rurales de San Carlos, Pérez Zeledón, Pococí, Tilarán, Turrubares, Corredores, Turrialba, Nicoya y Puriscal.
Sin embargo, de acuerdo con la ANAI y la UNGL, los gobiernos locales requerirían de al menos ₡70.000 millones anuales para darle mantenimiento a todas estas carreteras, según estimaciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
“La cifra sería únicamente para dar mantenimiento básico, sin tomar en cuenta arreglos de puentes, taludes, cordones de caño y otros. Hacer una vía de lastre cuesta entre ₡15 y ₡20 millones por km, mientras que darle mantenimiento cuesta unos ₡7 millones por km”, aseguran los representantes de las municipalidades.
Patricia Porras, presidenta de la UNGL, recalcó que están dispuestos a trabajar en conjunto para encontrar soluciones viables y equitativas que permitan que la infraestructura continúe siendo un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades y ciudadanos, siempre que se haga como la ley lo indica.
Tanto las ANAI como la UNGL destacan que actualmente el Conavi recibe más recursos que los gobiernos locales para atender las vías. La red vial nacional es de 7.847 km para lo que reciben ₡116.000 millones este año, mientras que las municipalidades deben atender 38.000 km con un presupuesto de ₡119.000 millones este año.
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