La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fiscalía) -mediante 28 allanamientos- detuvo a seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Mediante comunicado de prensa, el Ministerio Público detalló que hasta el momento se encuentran detenidos la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, quien se presentó a la Delegación del OIJ en Pérez Zeledón y 7 personas más.
Estarían detenidos también los actuales directivos Jorge Porras López, Zeirith Rojas Cerna, María Isabel Camarero Camarero y Johnny Alfredo Gómez Pana; los exdirectivos Roberto Quirós Coronado y Jorge Luis Araya Chaves; y la Gerente General a.i., María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, por una investigación que ejecuta la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Además, también se investiga a la directora de proyectos de la institución, un exgerente médico y un exvicepresidente ejecutivo, bajo el expediente 24-000267-1218-PE.
De acuerdo con la Fiscalía, se trata de un caso en el que la Junta Directiva asumió el conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS. Supuestamente, los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Caso en investigación
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de la Junta Directa de la CCSS sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
No solo se indaga que el servicio sería más costoso para la CCSS, sino que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, mientras que este se otorgó por 10 años, el pasado 6 de julio para los EBAIS de las siguientes áreas de salud: Barva, Desamparados 2, Escazú, La Carpio-León XIII, Pavas, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Santa Ana, San Sebastián-Paso Ancho y Tibás.
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Redacción
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