El expediente 24-000267-1218-PE se abre como parte de una investigación por supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, llamado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) "Caso Barrenador". Este caso involucra a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre febrero de 2023 y julio de 2024, en relación con la adjudicación de contratos para la administración de 138 EBAIS en 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana.
Las autoridades investigan el posible favorecimiento a ciertas cooperativas mediante la manipulación del proceso de contratación, que resultó en un sobreprecio de más de ¢12.400 millones anuales en un contrato que ya está en firme con un costo total de ¢471.000 millones durante 10 años. El contrato en total tendría aproximadamente un 25% de sobreprecio.
En septiembre del 2022: La Contraloría General de la República brindó la autorización para que la CCSS contratara directamente la prestación de servicios de atención integral (EBAIS), en un primer nivel de atención reforzado, por un plazo de 18 meses y para 10 áreas de salud, mientras se tramitaba el procedimiento de licitación pública. Le correspondía a la CCSS tomar todas las medidas necesarias para procurar comenzar con la ejecución del procedimiento ordinario de la licitación pública, a la mayor brevedad posible, sin llegar a consumir los plazos máximos establecidos a nivel normativo.
Febrero 2023 – Julio 2024: El periodo de investigación se centra en la actuación de la Junta Directiva de la CCSS, que durante este tiempo aprobó la adjudicación de contratos a cooperativas para administrar los 138 EBAIS en varias áreas de salud, incluidas Pavas, Escazú, Tibás y Santa Ana.
El 7 de julio de 2024: La Junta Directiva de la CCSS aprueba la adjudicación del contrato para los 138 EBAIS, con un costo total de ¢471.000 millones (aproximadamente US$879 millones) y una duración de 10 años, lo cual excede el límite legal de cuatro años. Se señala que las ofertas presentadas fueron excesivas, lo que resultó en un sobrecosto de ¢12.400 millones anuales (aproximadamente US$22 millones).
El 22 de julio de 2024: La Auditoría Interna de la CCSS realiza la denuncia ante el Ministerio Público la contratación. Por ello la Fiscalía General de la República abre la investigación junto con el OIJ sobre la adjudicación de los EBAIS tras detectarse que los precios ofertados por las cooperativas adjudicatarias son excesivos, según informes previos de la Gerencia Financiera y la Junta de Adquisiciones de la CCSS.
Entre el 22 de julio y el 22 de septiembre la Fiscalía y el OIJ realizan la investigación.
El lunes 23 de septiembre durante la mañana: La Fiscalía detiene a la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, junto a siete altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS y a la Gerente General. Se trata de un caso en el que la Junta Directiva asume el conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS. Supuestamente, los imputados anulan el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
El 23 de septiembre en la tarde: La ministra de la Presidencia, Laura Fernández califica de "abuso de poder" la detención de Marta Esquivel y personeros de la CCSS mediante un video enviado a la prensa.
El martes 24 de septiembre en la noche los imputados por el caso quedaron en libertad. El Juzgado ordenó la liberación de los investigados en vista de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), no solicitó la medida de prisión preventiva contra ellos. Eso sí, pidió a un juez penal inhabilitar a Marta Esquivel del cargo de presidenta ejecutiva de la CCSS, así como a otros cuatro miembros de la Junta Directiva, mientras avanza la investigación. Para los ocho investigados, solicitó se les impida cualquier relación con testigos y con la licitación; asimismo, requirió que se les exija presentarse a firmar una vez al mes ante el juzgado y se les prohíba la salida del país.
El 25 de septiembre, durante una conferencia de prensa, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, acusa de “abuso de poder” y "show mediático" a la Fiscalía en las detenciones de la CCSS. Chaves solicita investigar para detener y no detener para investigar. El presidente arremete contra el Fiscal General Carlo Díaz por la forma en la que ha manejado el caso.
El mismo 25 de septiembre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Orlando Aguirre rechaza los comentarios del presidente Chaves, mediante un comunicado de prensa, en lo referente a que se utilizó el Poder Judicial para intimidar y amedrentar al Gobierno. Además, la diputada Andrea Álvarez, con el apoyo de 28 diputados, pide conformar una comisión especial sobre la CCSS.
El 26 de septiembre, el Fiscal General, Carlo Díaz, cataloga como una presión indebida lo realizado por el presidente de mencionar el nombre del juez a cargo de las medidas cautelares en el caso Barrenador.
Asimismo, la Contraloría General de la República (CGR), mediante su departamento de prensa, confirma a aDiarioCR.com que la licitación sí está en firme con excepción de una de las 10 partidas y aclara lo siguiente:
- De previo a la adjudicación de la licitación 2023LY-000002-0001101142, en el proceso de licitación ingresaron a CGR varios recursos de objeción contra el pliego de condiciones, que se atendieron en dos rondas, la primera mediante resolución R-DCA-SICOP-00826-2023 y la segunda con la resolución R-DCA-SICOP-01104-2023. Esto no significa que la CGR revisó todo el cartel de dicha contratación sino exclusivamente lo indicado por los objetantes del cartel. Afirmaciones como “la CGR aprobó/autorizó el cartel completo” son falsas.
- Actualmente se encuentra en trámite en la CGR, únicamente un recurso de apelación, en cuanto a la adjudicación de una de las diez partidas de la referida licitación, la partida #3 Área de Salud San Francisco - San Antonio. No es correcto afirmar que toda la licitación está en revisión en la CGR.
- En las otras partidas adjudicadas no se presentaron recursos de apelación ante la CGR. Esta es la única adjudicación que se apeló pues es la única partida en la que participaron dos empresas oferentes, en las demás sólo participó un oferente. Es falso indicar que toda esta licitación no está en firme.
- El plazo vence el 3 de octubre y existe la posibilidad legal de prorrogar el plazo 10 días hábiles adicionales. No es correcto indicar que no se sabe el estado de este recurso.
- Las líneas no apeladas están en firme. Toda la documentación del expediente, incluidas las apelaciones, son públicas y se encuentran disponibles para revisión y descargables en SICOP. La Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda es la administradora del SICOP, por lo que dicha solicitud correspondería atender a la Dirección. Es falso afirmar que no se puede acceder a la información de este caso porque está “en trámite”.
- Lo que corresponde es el trámite para refrendo interno por parte de la CCSS, de conformidad con el Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. No es correcto afirmar que la CGR refrendó estos contratos ni que les da su “visto bueno”.
El 26 de septiembre, Rándall Zúñiga, director del OIJ, revela en entrevista con Noticias Columbia, que un funcionario de CCSS habría borrado 300 archivos de correo de imputado en caso de cooperativas. Zúñiga asegura que la Policía Judicial detectó manipulación de datos sobre adjudicación a cooperativas desde una computadora del hospital de Cartago.
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Redacción
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