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Defensoría se opone a propuesta del ICE de aumento de tarifas

El ente considera que las peticiones incluidas no tienen una adecuada justificación.

La Defensoría de los Habitantes externó su oposición a la propuesta de fijación tarifaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que plantea aumentar en un 12,77% el precio de la energía eléctrica para los hogares, comercios e industria.

Esta institución indicó que es consciente de la necesidad de ajustar periódicamente las tarifas de los servicios públicos; sin embargo calificó de desproporcionado el aumento propuesto por el Instituto considerando que la inflación interanual, 2,03%, fue inferior al ajuste pretendido.

“No todos los elementos de las peticiones incluidas en la solicitud responden a criterios de razonabilidad y cuentan con la adecuada justificación. Por eso los niveles que pretendía el ICE no los debería otorgar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)”, señaló Ana Karina Zeledón, directora del Área de Asuntos Económicos de la Defensoría.

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Asimismo, indicó que la Defensoría externa su preocupación por el impacto que este aumento podría significar sobre el costo de vida de los hogares y también en el sector productivo.

Ante la situación, la institución recomienda a la Aresep y al ICE ser conscientes del efecto socioeconómico que provocan los grandes incrementos tarifarios. Además solicita a la Autoridad Reguladora que el estudio, análisis y ajustes tarifarios que aplica el Instituto, se realicen acordes con la realidad circunstancial del país.

“Este llamado es para que se cumpla con el mandato de la Ley de la Autoridad Reguladora y se procure el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos. Asimismo que se considere en el análisis tarifario, aspectos de equidad social, conservación de energía, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental”, explicó Zeledón.

Antes de aprobar cualquier ajuste, la Defensoría solicita a la Aresep revisar los costos considerados como reales o efectivos planteados en cada una de las solicitudes, con el que se podrá tomar en cuenta únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, según la Ley 7593.

Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Sobre el autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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