
Este miércoles 13 de diciembre fue la fecha que estableció la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, para que los jerarcas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, y del Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta, se reúnan en una sesión de trabajo cuyo fin es idear una solución al problema de seguridad que enfrenta el país.
Hasta esta primera semana de diciembre, el país ya suma 840 homicidios, por lo que la Defensora considera impostergable que el Gobierno redoble esfuerzos para garantizar una mayor seguridad a toda la población.
Asimismo, Cruickshank comentó que “no es tiempo para ambivalencias en materia de seguridad”, tras las declaraciones de Acosta y Zúñiga sobre el recorte de ₡2000 millones al OIJ, ₡125 millones al Ministerio Público y ₡911 millones a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos.
Defensoría realiza seguimiento desde marzo pasado
Ante la inseguridad que presenta el país, la Defensoría ha realizado un seguimiento desde el mes de marzo, sobre cómo las autoridades competentes para combatir la criminalidad, han abordado la situación.
En noviembre pasado, realizó una consulta al presidente de la República, Carlos Alvarado, acerca del plan de ejecución y los recursos que se destinarán para la implementación de la Política Nacional de Seguridad.
La respuesta ante la pregunta la dio el Ministerio de Seguridad, que aseguró: “Iniciamos un proceso participativo de planificación, diseño, asignación de acciones y metas, que garantizan contenido presupuestario del Plan de Acción de la Política Nacional de Seguridad”.
Por su parte, la Defensora recalcó que la institución que representa continuará vigilante de las acciones inmediatas que se realicen en materia de seguridad, así como en el cumplimiento del mandato que la Constitución Política otorga.
“Esta institución se encuentra en proceso de evaluación y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad, recientemente presentada, para que su implementación garantice el derecho a la seguridad que ostentamos las personas que habitamos en Costa Rica”, anunció el órgano defensor.
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