La ley para combatir la delincuencia y el crimen organizado fue aprobada en primer debate, con 49 votos a favor y dos en contra, tras un proceso de muchos meses que incluyó trámites de discusión y un procedimiento abreviado.
Esta propuesta busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Jurisdicción Especializada en Delincuencia, con el objetivo de cambiar la redacción de la normativa actual y las reglas que distribuyen las competencias en asuntos de crimen organizado, para aclarar cuáles se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada.
“Mi satisfacción es amplia pues la Asamblea Legislativa le ha dicho sí a nuestro país, le ha dicho no a la delincuencia organizada y ha tomado la decisión sabía de seguir el consejo de las personas responsables de aplicar la ley, que tienen a su cargo el ejercicio de la función pública, de la acción penal y que son los responsables de combatir la narcoactividad y delincuencia”, manifestó Rodrigo Arias, diputado liberacionista y presidente del Congreso.
Con esta iniciativa se establece además, que los asuntos relacionados con delincuencia organizada son de acción pública y no delitos de acción privada. Asimismo, los crímenes organizados tendrán 24 meses de plazo.
“Que nadie se olvide de la amplia discusión que se dio en torno a este proyecto de gran urgencia para el país. La propia institucionalidad así lo pidió y nosotros respondemos a ese llamado. Ponemos al día legislación importante”, expresó Jonathan Acuña, diputado frenteamplista.
Por su parte Carolina Delgado, de Liberación Nacional, defendió su voto en contra recalcando que “reiteré una y otra vez que el expediente pone en riesgo la seguridad jurídica, atenta contra los derechos humanos y sirve de cómplice a los horrores que viene cometiendo el Poder Judicial y el Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia organizada”.
Danny Vargas, también de Liberación, votó en contra. Mencionó que “a pesar de que hicieron ver todos los errores que tiene el proyecto no fuimos escuchados. Se tiene la tendencia de aprobar legislación de emergencia para hacer frente a la criminalización, aunque se le pase por encima a las garantías procesales”.
Los diputados que votaron a favor, consideran este proyecto como una “necesidad nacional”, pues además, fue solicitado por las autoridades de esta rama.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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