La manifestación que se realizó este lunes en las afueras de Casa Presidencial, incentivada por la Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecámaras), consiguió su fin principal: lograr que el Gobierno estudie las medidas implementadas tanto para la zona naranja, como para la zona amarilla.
Así lo afirmó Antonio López, director ejecutivo de Fedecámaras, quien explicó que negociaron con el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, para que estudie las medidas y además la petición de apertura en todo el país.
“Tiene que haber un balance entre pandemia y economía, eso es lo que queremos. No queremos hacer agresiones ni violentar el orden constitucional, queremos que nos escuchen. El Gobierno solo prefiere a algunas cámaras, pero hay otras que están en Guanacaste, Puntarenas y Limón, que no tienen acceso al diálogo con Presidencia”, comentó López.
Sector asegura que hay improvisación por parte de gobierno
De acuerdo con López, existe una improvisación por parte del Gobierno en materia de implementación de medidas. “Ellos autorizan a los supermercados, pero qué hacen las tiendas de ropa cerradas, las zapaterías, los basares, relojerías, librerías, que son de pequeños empresarios y ya no tienen qué comer. Es muy triste”, manifestó el director ejecutivo de Fedecámaras.
Asimismo indicó que no entienden cómo el Gobierno comete errores como el que sucedió con Garabito, cuando se declaró en alerta naranja y posteriormente, se dijo que fue una equivocación y que es un lugar con alerta amarilla.
“Los dueños de los locales ya no pueden más. Haremos llegar nuestra solicitud por escrito y esperamos una respuesta. Ya hemos enviado muchas notas y cartas, a las que solo nos acusan de recibido”, dijo López.
A la manifestación acudió Francisco Llobet, presidente de Fedecámaras; Michael Solís, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Zona Norte; Guillermo Varela, director de Fedecámaras y de GS1, entre otros.
Restauración Nacional advirtió que Gobierno debe revisar medidas de cierre
La Fracción de Restauración Nacional advirtió que el Poder Ejecutivo debe revisar las medidas que está aplicando y lograr un punto de equilibrio que permita controlar la propagación del COVID-19, pero que también incremente la actividad económica y el trabajo.
“Los comercios deberían seguir operando bajo ciertas normas y regulaciones, con el derecho de admisión para no permitir el ingreso a personas irresponsables, porque si esto no ocurre pronto la afectación puede ser nefasta”, aseveró Xiomara Rodríguez, jefa de fracción.
“El pueblo lo que está pidiendo es trabajar, hay gente honesta y luchadora a la que se le está escuchando y clama a gritos por una solución. Urge que los comercios y los negocios puedan empezar a generar y que la gente tenga trabajo, porque los efectos sociales pueden ser muy grandes y no lo podemos permitir”, aseguró Rodríguez.
Flora Segreda, diputada del mismo partido, expresó que el endeudamiento, la pobreza creciente y el desempleo en cifras históricas, no son culpa exclusiva de la crisis sanitaria, sino que las cifras ya eran alarmantes y las acciones eran nulas.
“Los costarricenses necesitamos un plan de trabajo que, a corto plazo logre resultados y acciones concretas. Las familias y los diferentes sectores comerciales ya no pueden más con tanta improvisación. La economía de los costarricenses está en cuidados intensivos y necesita de manera urgente que se le brinde atención”, concluyó Segreda.
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