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6 de 32 huelgas han sido declaradas ilegales

Sector sindical afirma que las resoluciones no están en firme y están siendo utilizadas para provocar miedo entre los manifestantes.

Las manifestaciones en contra del proyecto de reforma fiscal se han mantenido durante 17 días en distintos puntos del territorio nacional. En ellas están presentes trabajadores de 32 instituciones, sin embargo, la huelga ya se declaró ilegal en seis: Consejo Nacional de la Producción (CNP), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Municipalidad de Santa Ana, Banco Central y Junta de Protección Social (JPS).

Para tomar las decisiones, el Juzgado de Trabajo se basó en la afectación a los servicios públicos y en las acciones ejecutadas en contra del carácter pacífico por parte del movimiento.

La primera en ser declarada ilegal fue la huelga de los trabajadores del CNP. El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, fue quien tomó la decisión la tarde del 21 de setiembre.

La huelga del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos fue la segunda que se declaró ilegal. El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, tomó la decisión con base en los movimientos promovidos por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Asimismo, condenó a la ANEP al pago de un millón de colones, pues el porcentaje de participación de los trabajadores de ese ministerio es inferior al establecido en el Código de Trabajo.

Este martes 25 se anunció la tercera huelga ilegal. El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, declaró ilegal las manifestaciones de los trabajadores de la CNE, tras evaluar que la institución brinda un servicio público esencial que debe permanecer en toda su capacidad de trabajo.

Ese mismo día, la huelga en la Municipalidad de Santa Ana fue declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. De acuerdo con el expediente de la jueza encargada, el primer día de la huelga se ausentaron 14 empleados que se unieron a las manifestaciones, mientras que el segundo día esos mismos trabajadores asistieron a las oficinas pero no ejercieron sus labores.

Hoy a las 11 a.m. el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, sección segunda, declaró ilegal la huelga promovida por ANEP en el Banco Central de Costa Rica. Mientras que en horas de la tarde se declaró ilegal el movimiento convocado por ANEP y la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) en la JPS y ordenó a los sindicatos sindicato a pagar un millón de colones por las costas personales y procesales

Solicitudes restantes

De acuerdo con Lupita Quintero, especialista en Derecho Laboral de Nassar Abogados, no hay un plazo de tiempo establecido para que los Tribunales de Justicia resuelvan las 28 solicitudes restantes.

Quintero también indicó que si todas las huelgas se declaran ilegales, los trabajadores tienen un plazo de 24 horas para volver a sus trabajos. Los patronos -en este caso el Estado- puede rebajar a los empleados los pagos que se hicieron durante los días que se mantuvieron en huelga.

Si cada una de esas 32 solicitudes de declaratoria de ilegalidad fuera favorable para el Gobierno, los trabajadores podrían apelar cada resolución en una segunda instancia en los próximos tres días hábiles a cada declaratoria.

En el caso del CNP, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia preparan los trámites preliminares para generar un expediente que de eficacia a las medidas correspondientes.

De acuerdo con Édgar Vargas, gerente general de la institución, esas medidas están sujetas a la firmeza de la sentencia en proceso.

Gobierno

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, a través de un video transmitido en cadena nacional (y en su cuenta de Twitter), manifestó que Costa Rica está viviendo un momento extraordinario en la historia, en el que la situación afrontada los llama a tomar acciones inmediatas.

“Lo que hagamos como sociedad en los próximos días, determinará el futuro de la nación y de nuestras familias. El tiempo se agotó, lo que significa que el momento de resolver ya está aquí. Si bien Costa Rica crece y tiene indicadores positivos, la situación fiscal es delicada y amenaza la estabilidad de todas las personas”, expresó Alvarado.

También dijo: “Es indispensable aprobar durante el mes de octubre el proyecto de reforma fiscal. Para lograr tener ese espacio hacia la solución estructural, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, activaron un mecanismo extraordinario conocido como Letras del Tesoro”.

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Alvarado enfatizó en que no pueden postergar más la solución del problema fiscal, el cual tiene casi 20 años de atraso.

Letras del Tesoro

El mecanismo Letras del Tesoro consiste en una emisión monetaria que hace el Banco Central con el fin de financiar a Hacienda, sin embargo solo se implementa en casos de urgencia extrema.

La ley del Banco Central prohíbe que esta entidad bancaria financie al Gobierno, pero también establece una excepción: casos de urgencia en que el Estado no tiene recursos para cumplir con los pagos correspondientes.

Este plan no se aplica en el país desde 1994, cuando el Ministerio de Hacienda atravesó una situación riesgosa y no se tenía certeza si podría pagar las deudas que mantenía.

Sindicatos mantendrán huelga

Desde el sector sindical afirman que las declaraciones de ilegalidad han sido utilizadas para provocar miedo entre los huelguistas.

De acuerdo con Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), “esas declaratorias están en fase inicial, no están en firme y tienen apelación”.

Vargas hizo énfasis en que no se ha llegado a un acuerdo por la “terquedad” del Gobierno, ya que considera que solo se han centrado en una única opción y salida.

El líder sindical aclaró que las decisiones las toman de manera conjunta entre todas las organizaciones que forman parte de la Unión Sindical y Nacional de Lucha y que irán anunciando sus siguientes movimientos conforme acuerden desde la Unión.

Los diputados opinan

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) definió dar apoyo al proyecto, partiendo de la última versión que se trabajó. De acuerdo con Roberto Thompson, diputado del PLN, desde sus curules siguen considerando seguir adelante con el proyecto.

Sin embargo, explicó que la huelga es un tema que les preocupa principalmente porque se han abierto espacios de diálogo y aun así no se concluye con una negociación real.

En cuanto a la ilegalidad dictada para tres instituciones, Thompson indicó que respeta las resoluciones judiciales. Además, expresó que considera que hay una diferencia grande entre una manifestación pacífica y las acciones tendientes a afectar los servicios públicos.

Por su parte, Zoila Volio, diputada del Partido Integración Nacional (PIN), manifestó que no está de acuerdo con el proyecto porque tiene sesgos injustos, por ejemplo el que no se graven las cooperativas grandes y las extensiones que se presentan, cuya afectación se verá mayormente representada en las familias de escasos recursos.

Asimismo, Volio indicó que al Gobierno le ha faltado más liderazgo, lectura política y planeación a la hora de actuar.

Para el diputado Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tanto el Gobierno como el sector sindical tienen dos posiciones muy antagónicas, en las que ninguno pareciera escuchar las propuestas de los otros.

Además considera que las 28 solicitudes pendientes de deliberar, serán dictadas como ilegales, una acción que agravará la situación actual.

Con el fin de analizar, estudiar, investigar y definir el futuro de lo que dictamina este proyecto de Ley, se conformó en la Asamblea Legislativa, una comisión integrada por nueve diputados.

Desde el 7 de junio, los mandatarios que integran dicha comisión son: Silvia Hernández, Yorleny León y Gustavo Viales del PLN; Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño de Restauración Nacional (PRN), José María Villalta del Frente Amplio (FA), Walter Muñoz del PIN, Pedro Muñoz del PUSC y Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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