Los movimientos contra el plan fiscal suman ya 22 días y hasta el momento se ha dado la declaratoria de ilegalidad en 11 instituciones de las 32 solicitudes interpuestas ante el Juzgado de Trabajo.
La sentencia se dio primero en el Consejo Nacional de Producción (CNP) y después en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Siguieron la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), la Municipalidad de Santa Ana, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Junta de Protección Social (JPS), la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto Mixto de Acción Social (IMAS).
Las declaratorias más recientes se han dado a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Correos de Costa Rica y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Solamente se declaró legal la huelga que mantienen algunos de los empleados del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Legalidad e ilegalidad
Los Juzgados de Trabajo del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José se han encargado de tomar estas decisiones, basados principalmente en la afectación a los servicios públicos y en las acciones ejecutadas en contra del carácter pacífico por parte del movimiento.
Las huelgas en servicios esenciales son prohibidas, por ejemplo en las clínicas y en los hospitales públicos. La jueza Susana Porras, del Primer Circuito Judicial de San José, tomó especialmente ese punto del Código de Trabajo para sentenciar a la CCSS y calificó de “actitud reprochable y responsable” a los sindicatos del gremio que se dedicaron a promover la huelga y el abandono de los puestos de trabajo, sin informar a los demás agremiados la existencia de una prohibición expresa.
La jueza emitió la sentencia hoy y condenó al pago de ¢2,5 millones (¢500.000 cada uno) a los sindicatos ligados a la huelga en la CCSS: Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS y Afines (Siprocimeca), Unión de Empleados de la Caja y Seguridad Social (Undeca), Unión Médica Nacional, Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería (Anpe) y Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae). Rubro insignificante si se toma en cuenta que poder atender a los miles de pacientes de distintos centros médicos del país, la CCSS ha tenido que invertir más de ¢1.000 millones de su Fondo de Emergencias.
“Es una práctica desleal el que los representantes sindicales se escondieran para atrasar las notificaciones relacionadas con el caso. Con sus acciones han generado caos en el país”, indicó la jueza.
La resolución indica: “Por ser un servicio sensible, en donde corre peligro la vida y la salud de las personas, debe mantener siempre su funcionamiento de forma permanente y al cien por ciento de sus capacidades”.
Por su parte, Undeca informó que apelará la declaratoria de ilegalidad. 
La secretaria adjunta de Undeca, Martha Rodríguez, indicó que el sindicato tiene derecho a apelar con base en el proceso establecido en el Código de Trabajo.
“Hoy se dio una maniobra más del Gobierno, que nos comunicó la sentencia. Sin embargo es una sentencia de primera instancia y eso no quiere decir que debemos abandonar el movimiento. Seguimos fueres y unidos”, afirmó Rodríguez.
La única sentencia de legalidad se dio al IAFA, sin embargo la Procuraduría manifestó que apelará dicha declaratoria dada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
El Gobierno de la República dio a conocer que no comparte los criterios externados en la sentencia y apelará en un plazo de tres días como lo dicta la ley.
Sindicatos
Los sindicatos de distintos sectores se han reunido en varias ocasiones con representantes del Gobierno, con el fin de obtener una solución a la problemática.
Ayer domingo se reunió el sector sindical y el Gobierno, sin embargo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) rechazó la propuesta originada en la mesa preliminar de diálogo.
“Rechazamos contundentemente el documento que se presentó a consulta a las bases, debido a que el Gobierno no quiere abrir los procedimientos parlamentarios adecuados que permitan considerar una modificación estructural del actual contenido del 20.580, permitiendo introducir a este los cambios necesarios para hacerlo un proyecto justo y solidario”, manifestó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
Tras el fallo de la negociación ANEP reiteró que mantienen la huelga general indefinida contra el plan fiscal.
“Reiteramos nuestra rotunda oposición al expediente legislativo 20.580 por ser un proyecto que continúa favoreciendo el robo de impuestos y perdonando deuda a mega corporaciones que están detectadas en el robo de impuestos. Además, por establecer el impuesto más regresivo de todo el sistema tributario como es el IVA, que deteriora el poder adquisitivo de las personas y grava a las micro, pequeñas y medianas empresas y por ultimó porque no resuelve el déficit fiscal”, concluyó Vargas.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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