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Municipalidades apoyan iniciativa que les trasladaría competencias educativas

La Unión Nacional de Gobiernos Locales asegura que el principal objetivo es que las niñez y adolescencia cuente con espacios seguros para aprender

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) apoya el proyecto 23.252 para la “Atención plena y exclusiva del equipamiento e infraestructura educativa”, que busca trasladar a las municipalidades, las competencias en materia de equipamiento e infraestructura educativa.

El principal objetivo de la iniciativa, es que los niños, niñas y adolescentes cuenten con espacios seguros y apropiados para aprender.

“Consideramos que este proyecto es pertinente y mejorable, pero necesario, en vista del grave deterioro que tiene la infraestructura educativa del país; sobre todo en consideración de las necesidades de los cantones o regiones más pobres y rurales, para los cuales es aún más difícil una adecuada atención centralizada del Ministerio de Educación Pública y la DIEE”, comentó Gilberto Monge, director de Incidencia Política de la UNGL.

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De acuerdo con los gobiernos locales, han ganado mucha experiencia en gestión de infraestructura, y el proyecto se centra en que estas puedan construir, remodelar y darle mantenimiento a centros educativos del país de una forma más eficiente y mucho más rápida, en comparación con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP),  que se ha visto envuelta en señalamientos por no resolver las órdenes sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud.

“Como colaboradores de la propuesta, desde la UNGL avalamos esta iniciativa. Estamos trabajando en mejoras al proyecto, para cerrar la brecha que existe ya entre las condiciones de los centros educativos del país, en el tanto son los gobiernos locales que conocen de primera mano las necesidades del cantón”, añadió Monge.

Para la UNGL, es necesario recalcar que las municipalidades tienen competencias en el tema en su territorio, como lo ha establecido la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República. Además, tienen la responsabilidad de nombrar los representantes de las Juntas de Educación o Administrativas y aportar el 10% a estas juntas, de lo recaudado por el impuesto a los bienes inmuebles.

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