Como parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un financiamiento de US$1.750 millones, el Gobierno pretende implementar medidas fiscales permanentes y temporales.
Una de estas propuestas temporales, es cobrar un impuesto a las transacciones bancarias y de valores durante cuatro años. De acuerdo con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), durante los dos primeros años será del 0,3%, es decir, en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. Los otros dos años se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en una de ¢100.000.
Con esta recaudación, el Gobierno busca financiar lo que se dejará de percibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública.
Otra de las medidas temporales es un impuesto extraordinario sobre la renta a los salarios y pensiones; utilidades y remesas al exterior. Este tributo afectará a quienes tienen un salario superior a los ¢840.000, a las personas que tienen un ingreso mayor a esa cantidad se les aplicará un 2,5%; a los ingresos superiores a ¢1.233.000 un 5% y a quienes tengan ingresos mayores a los ¢4.325.000, un 10%.
Dentro del plan del Gobierno también se contempla el cobro de un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas, no domiciliadas en Costa Rica, así como un aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50% y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital, SUTEL, entre otros.
Según MIDEPLAN, de esta manera se reducirá la deuda pública en un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que estiman cambiar el ciclo de endeudamiento y el pago de intereses que ha tenido el país en las últimas décadas.
Diputados en contra de impuestos
La Fracción de la Unidad Social Cristiana indicó que no apoyará propuestas del Gobierno que busquen introducir nuevos impuestos. El jefe de la bancada, Rodolfo Peña, manifestó que esto afectaría a los costarricenses y desincentivaría la generación de empleo.
“Es lamentable que se proponga por lo más sencillo que es golpear los bolsillos de los costarricenses, pudiéndose tomar otras medidas, como un verdadero recorte al gasto público y una afectiva Reforma del Estado que se ha pospuesto muchísimos años”, dijo Peña.
La diputada liberacionista, María José Corrales, externó que no está de acuerdo con que se aprueben más impuestos que afecten a la clase trabajadora.
“No hay duda que estamos en crisis y que tenemos que tomar medidas urgentes, pero empecemos por tomar decisiones que reflejen una verdadera reforma al Estado, que apoye las pymes, que reduzca costos para que se genere más empleo, que combata fuertemente a los grandes evasores fiscales y que ordene la casa sin afectar a las personas más vulnerables”, detalló Corrales.
Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa, aseguró: “Al Gobierno de la República le falta ingenio para reactivar la economía. Las medidas que propondrá al FMI son de poco impacto e insuficientes para lograr una solución integral y sostenible de la situación fiscal”.
Para él, este planteamiento de nuevos impuestos debería ir paralelo a un compromiso serio para luchar contra la corrupción y evasión; de decisiones para atacar el contrabando, un plan agresivo de atracción de inversiones, e ingenio para lograr que se reactive la economía.
La fracción de Nueva República comunicó que no apoyará más impuestos y afirmó que resistirá la presión que ejercerá el Gobierno en la Asamblea Legislativa. “La ruta de tributos detendrá la expansión de la economía, tan necesaria para la época post pandemia; es una clara muestra de la renuencia del Ejecutivo para recortar gastos. Le exige al pueblo y a las empresas que se soquen la faja, pero no da el ejemplo”, expresó el diputado Jonathan Prendas.
De acuerdo con bancada de Acción Ciudadana, esta propuesta busca repartir las cargas de la atención de la crisis en diferentes actores y también tiene como objetivo ser suficiente no solo para salir de la crisis, sino para dejarle al próximo gobierno la posibilidad de gestionar finanzas públicas sanas.
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