El Frente Ecologista de Cipreses y Álvaro Sagot, abogado ambientalista, aseguran que el jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Julio Carvajal, se opone a prohibir el Clorotalonil, una orden dada por la Sala Constitucional.
La afirmación la hacen tras una solicitud de aclaración por parte del ministro, a una respuesta de un recurso de amparo presentado por el frente, en el que solicitaban adoptar y ejecutar las recomendaciones del Informe Técnico Cloroalonil, emitidas por el Ministerio de Salud, de Ambiente y Energía (MINAE), y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Esta respuesta fue dada el 6 de junio pasado, y en ella la Sala IV recomendó iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del MINAE y del MAG, con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible.
Sin embargo, Carvajal solicitó una adición y aclaración de la sentencia, pues considera que el informe técnico no es preciso y “yerra en cuanto las razones otorgadas para solicitar la cancelación de los registros de Clorotalonil”.
De acuerdo con el frente, el ministro defiende que la posición de la cartera que representa no busca prohibir el uso de este fungicida, sino buscar vías para reducir y controlar su uso, y emitir un decreto ejecutivo con las disposiciones de cómo realizar su aplicación.
“Considero que es claro que existe, además de una mala asesoría jurídica, una resistencia a aceptar que la protección ambiental del agua está por sobre los intereses comerciales de los exportadores del Clorotalonil. Lo terrible de lo anterior, es que el agroquímico sigue en el mercado”, manifestó el abogado Sagot.
Sala IV defiende que sentencia es clara
La Sala Constitucional desestimó la solicitud de adición y aclaración, y explicó que “es evidente para este Tribunal, que los alegatos del Ministerio de Agricultura y Ganadería dista de encontrarse relacionados con algún concepto del voto que deba aclararse o adicionarse en los términos que señala el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la sentencia es absolutamente clara en la exposición de hechos y fundamentación”.
En su respuesta brindada en junio pasado, la Sala IV ordenó que en el plazo de seis meses se ejecuten las recomendaciones del informe de los ministerios de Salud y Ambiente, así como del AyA.
Según el Frente Ecologista de Cipreses y Sagot, este informe asegura que en zonas de Cartago hay alrededor de 65.000 personas dependientes de suministros de agua que nacen muy cerca de áreas de agricultura, lo que genera una probabilidad alta de contaminación del líquido por uso de este plaguicida.
Por ejemplo, este químico ha estado involucrado en la contaminación de dos acueductos de zonas rurales de la provincia: Santa Rosa y Cipreses de Oreamuno.
Químico está prohibido en varios países de Europa
En febrero de este año, las autoridades alemanas emitieron una alerta a los consumidores por la presencia de Clorotalonil en melones costarricenses, un plaguicida que consideran cancerígeno en ese país.
Las personas agricultoras utilizan este químico para controlar enfermedades de cultivos causadas por hongos, y para eliminar moho. Pero en la Unión Eurpea su uso está prohibido desde 2020, a causa de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estimó que debería ser clasificado como cancerígeno de categoría 1B.
El químico está prohibido en 32 países; desde 1997, fue clasificado por la Oficina de Programas de Pesticidas de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de Estados Unidos como un probable cancerígeno para humanos.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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