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Cambios en Comisión de Bioseguridad podrían generar conflicto de intereses

La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad incluyó a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y excluyó a la Red de Coordinación en Bioseguridad

A través de un decreto publicado el pasado 13 de junio en el diario oficial La Gaceta, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, excluyó a la Red de Coordinación en Bioseguridad (RCB) de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), y en su lugar nombró a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

Mariana Porras, presidente de la Red, explicó que este hecho podría generar conflicto de intereses, pues la CNAA tiene relación con grandes empresas transnacionales de la industria de los agrotóxicos y transgénicos.

“El MAG incorporó a la CTNBio una representación que tiene conflicto de intereses dentro de la comisión, pues la mayoría de permisos en revisión son solicitados por los miembros de la Cámara de Agricultura y Agroindustria”, indicó Porras.

Según comentó, la importancia de que la RCB esté dentro de la Comisión, recae en que la Red siempre brinda criterios fundamentados sobre los posibles peligros de liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente.

Además, aseguró que difunden información sobre estos procesos a las comunidades y otras organizaciones socioambientales, práctica que veían como una posibilidad de incidir en la toma de decisiones y la fiscalización de las acciones en cuerpos colegiados.

Decreto es considerado un retroceso

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Para Porras, este decreto es un retroceso, pues insulta los tratados internacionales que ya se han ratificado por Costa Rica, como por ejemplo: el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena, que se basan específicamente en temas de evaluación de riesgos, tecnologías y participación ante la protección de la salud humana y los ecosistemas de cara a efectos adversos de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

“También se ofenden leyes nacionales como el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad, que se complementa con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones cuyo propósito sea la protección del ambiente”, dijo la presidenta de la Red.

Asimismo, otro peligro que resaltó es que el decreto es un precedente para realizar este mismo tipo de acciones en otros espacios de participación, actualmente hay un proyecto de ley de reforma del MINAE el  Expediente N.° 23.213: Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía, que propone excluir a la Fecon y a la Mesa Campesina de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Conagebio). 

“Esto hace pensar que el gobierno actual quiere reducir la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en diferentes ámbitos”, manifestó Porras.

La Red lleva más de 25 años de estar trabajando en monitoreo y seguimiento de la política que contempla la Ley de Biodiversidad.

Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Sobre el autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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