Por: Antonio Sauma, estudiante de Derecho
Al menos 62 millones de abortos se han realizado en Estados Unidos desde 1973, cuando la propia Corte Suprema decidió legalizar el aborto hasta “la viabilidad del feto” (unas 24 semanas) en la sentencia Roe vs. Wade, según datos del propio gobierno federal.
Sin embargo, el pasado 24 de junio del 2022 la decisión se revocó, declarándose el aborto inconstitucional y fijándose como nuevo precedente legal e histórico el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization. Donde se enfrentaba a las autoridades de Misisipi con una clínica de salud reproductiva de su capital a cuenta de una ley estatal de 2018, que prohíbe la mayor parte de interrupciones después de las primeras 15 semanas de embarazo. Dicho caso, contó con una decisión de seis contra tres, poniendo al descontento al 61% de los estadounidenses que cree que el aborto debería ser legal, según el estudio de Pew Research Center.
Desde un punto de vista meramente jurídico, la sentencia es totalmente razonada debido a que el aborto no tiene ninguna referencia en la constitución de EE.UU. (especialmente en la 14ª enmienda: la cláusula sobre el debido proceso, sobre la protección igualitaria y la que garantiza los derechos que no están explícitamente mencionados en la norma supralegal, pero que se encuentran vinculadas a la historia, tradición o en el concepto de libertad) como se hizo creer en Roe vs. Wade.
Tampoco puede tomarse de una manera implícita, tal y como explicó el juez del Tribunal Supremo, Samuel Alito, cuando establece que:
este “derecho” no se encuentra dentro de la categoría del concepto de libertad o que se encuentre arraigada en la historia y tradición americana.
Siendo este argumento una de las principales causas sobre porqué desde el principio estuvo errónea la sentencia Roe vs. Wade debido, a que, con anterioridad a esta, que la mayoría de los Estados hayan tenido restricciones durante un siglo es una fuerte indicación de que el “derecho” a un aborto no se encuentra dentro de sus tradiciones y en la conciencia del pueblo americano para ser considerado como fundamental (habiendo sido declarado de esta manera el aborto voluntario). En esta línea, 30 de los 50 Estados que conforman el país, el aborto era completamente ilegal antes de la decisión, siendo establecida de esta manera por resoluciones de las Cámaras Legislativas correspondientes (los representantes del pueblo). Por tanto, la decisión siempre fue contraria a lo establecido por la propia norma suprema porque la mayoría del pueblo americano ya tenía establecido como histórico y tradicional la no interrupción del embarazo.
Asimismo, en esta línea de la historia, cabe resaltar que el Tribunal tuvo que encontrar dentro del alcance de la Decimocuarta enmienda un derecho que era desconocido para los redactores de la enmienda. Ya en 1821, la Legislatura de Conneticut promulgo la primera ley estatal que aborda el tema del aborto. En el momento de su adopción en 1868, había 36 leyes promulgadas por las legislaturas estatales que limitaban el aborto, muchas del cual seguían vigentes antes de Roe v Wade (como la ley de Texas que fue la revocada y que no tuvo modificaciones). De esta manera, la única conclusión posible es que lo redactores no intentaron que la Decimocuarta Enmienda retirara de los Estados el poder de legislar con respecto a este asunto y ahora con este nuevo precedente de Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization el tema vuelve a hacer abordado por lo que se tenía pensado desde un inicio: que el tema sea una decisión que se encuentre en las manos del pueblo (por medio de sus Cámaras Legislativas), acatando lo que tenían pensado los redactores de la enmienda y por tanto la Constitución.
El mismo Tribunal ha admitido tácitamente el error cometido en Roe v. Wade en la sentencia de Casey v. Planned Parenthood cuando abandona sus principales argumentos; y es que en esta sentencia dejaron de ver la interrupción al embarazo como un derecho fundamental y basarlo en la privacidad, empleando más el termino de libertad. Además, en Casey, la Corte por primera vez indica que el no nacido puede llamarse un hijo vivo durante todo el embarazo: “Aún en las etapas del embarazo más tempranas, el Estado puede… alentar a la madre que sepa que hay argumentos filosóficos y sociales de gran peso…a favor de la continuación del embarazo…y que su decisión contemple las consecuencias de un aborto para el feto”.
Ciertamente Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization viene a hacer el principio y no el final del debate porque ahora le corresponde a las Cámaras Legislativas decidir el futuro del nasciturus, teniendo en la actualidad a un gobierno y a más de la mitad de los estadounidenses que se oponen abiertamente a la decisión de la sentencia.
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