Por: Uri Salas, vocero de Alianza Universitaria
La Alianza Universitaria por la Libertad, funcionarios, docentes y estudiantes de universidades públicas, observamos con preocupación los conflictos creados o profundizados a partir del manejo de la pandemia de Covid-19. Numerosos elementos confluyen en la degradación de la salud mental y física de un amplio sector de la ciudadanía y prolonga un círculo vicioso por el cual se obstaculiza salir de la crisis. En este sentido, queremos visibilizar la existencia de deberes y derechos humanos, políticos y laborales, expresando nuestra firme voluntad de aportar a la paz y el bienestar de la población costarricense.
Visión integral de la salud
Los conceptos y prácticas de salud-enfermedad son construcciones históricas configuradas por factores naturales, sociales y emocionales. El análisis del riesgo-beneficio debe considerar estos aspectos de manera proporcionada; sin embargo, con dos años de crisis, los confinamientos masivos, la vacunación obligatoria y los carnets sanitarios se muestran como estrategias ineficaces. Al contrario, se ha generado un estado de neurosis colectiva; sedentarismo; desatención de otros padecimientos; aumento en los índices de pobreza, desempleo, violencia intrafamiliar y suicidio; deserción estudiantil; entre otros. Por tanto, consideramos que las políticas para la contención del virus SARS-CoV-2, cuya letalidad oscila entre el 0,3 y 1%, pueden ser mejor orientadas hacia un conjunto integral de medidas, dando prioridad a poblaciones en riesgo (adultos mayores, personas con diabetes, males cardíacos, obesidad y desnutrición). Algunas medidas pueden ser: uso de terapias tempranas eficaces e inocuas; estudios de seroprevalencia; promoción del deporte; y la alimentación saludable. Así mismo, es notoria la necesidad de ofrecer un monitoreo y atención efectiva a personas afectadas por reacciones adversas luego de la inoculación. Todo lo anterior, como parte de la reconstrucción de la economía, la institucionalidad educativa y los lazos de sociabilidad.
Alto a la coacción laboral y la censura con excusa sanitaria
Nuestra constitución política (Art.1) establece que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural; se estima que toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación contraria a la dignidad humana. Por tanto, las diferentes prácticas de la salud-enfermedad en nuestro país deben ser gestionadas a partir del respeto y diálogo intercultural. Las inoculaciones relativas al SARS-CoV-2, se dice, disminuyen temporalmente la posibilidad del desarrollo de enfermedad grave; sin embargo, también se reconoce que no impiden la transmisión del virus ni la muerte de personas con factores de riesgo. En este sentido, la gestión del bien común debe adecuarse a que la población vulnerable ante el Covid-19 constituye un porcentaje menor de costarricenses, cuya necesidad de cuido especial no justifica el detrimento de la calidad de vida de otros ciudadanos. En particular, resulta inaceptable la estigmatización de un grupo, cultural y políticamente diverso, de personas no inoculadas, a quienes se ha transformado en una “minoría” a la cual se discrimina en aspectos sociales y laborales; y a quienes se agrede habitualmente con innumerables términos falaces: “primitivos”, “anticientíficos”, “irresponsables” o “paranoicos”...Ello constituye una peligrosa normalización de un discurso de discriminación y de odio que debe ser denunciado, más aún cuando proviene de medios de comunicación masiva y funcionarios, cuya responsabilidad en la formación de opinión pública es insoslayable. No olvidamos que muchas de las ideologías autoritarias del Siglo XX apelaron a la ciencia y el bien común para legitimar la violencia más burda y punible contra los “Otros”.
Innecesaria y riesgosa inoculación de menores
En los últimos dos años se ha observado que niñas, niños y jóvenes, no tienen riesgo significativo de morbilidad y muerte ante el Covid-19; más bien, presentan alta capacidad para desarrollar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y es probable que un gran porcentaje cuente ya con inmunidad natural. Sin duda la ciencia está llamada a aportar grandes beneficios a la humanidad y el desarrollo acelerado de inyecciones basadas en ingeniería genética y nanotecnología expresa una revolución tecnológica en marcha; sin embargo, las reacciones del organismo humano a estos productos en el mediano y largo plazo no pueden ser aceleradas ni pronosticadas. Aunque en nuestro país no se ha activado de manera apropiada un sistema de farmacovigilancia, de manera paulatina se va identificando la ocurrencia de efectos adversos graves con causa en estos inóculos, tales como miocarditis, pericarditis, trombosis y síndrome de Guillain-Barré. En suma, el balance de riesgo-beneficio no favorece la inoculación obligatoria de infantes y adolescentes, quienes se encuentran en la etapa de vida donde se estructura el sistema inmunológico; y no constituyen una amenaza de saturación de los sistemas sanitarios. La inoculación obligatoria contra el Covid-19 de menores violenta los derechos de patria potestad sin criterios técnicos suficientes, por lo cual la OMS no recomienda dicha práctica, siendo Costa Rica el único país en implementarla, a nivel mundial. Tal política alimenta un conflicto social latente, poniendo en riesgo la salud de menores.
Inoculación opcional de estudiantes universitarios
La educación es un derecho constitucional que el Estado está obligado a gestionar adecuadamente. Consideramos que el bien común debe fundarse en la soberanía del individuo y su autonomía corporal, siendo que el derecho a la educación no puede subordinarse a la inoculación de un producto de eficacia y seguridad debatible. Diversos estudios señalan que personas inoculadas pueden transmitir el virus y presentar una carga viral similar a la de personas no inoculadas (particularmente considerando nuevas variantes). Por otra parte, cualquier estudiante que se inocule contra el Covid-19 debe contar con un consentimiento libre e informado, no bajo amenazas por las cuales su derecho a la educación se vea comprometido. Así lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Resolución 1-2021), de modo que nos oponemos firmemente a todo intento de las autoridades universitarias a ejercer coacción sobre las decisiones médicas privadas de los estudiantes. Tal como afirman diversos especialistas en salud, la inoculación masiva no conduce a finalizar la pandemia, siendo que deben seguirse cumpliendo los protocolos de higiene y detección temprana ya establecidos.
Opacidad de la plataforma QR
El establecimiento de la plataforma QR se gesta en nuestro país desde agosto del 2020, sin tener base en la evolución real de la pandemia; y por supuesto, sin haberse valorado los efectos de una inoculación que por entonces aún no comenzaba. De esto se desprende que la concepción de dicha plataforma, dirigida a gestionar datos personales sensibles, obedece a razones distintas a las de seguridad sanitaria. Ello abre las puertas a cuestionamientos de fondo sobre la actuación de gremios profesionales y funcionarios públicos involucrados con el cuido de la salud:
- ¿Cuáles son y qué implicaciones tienen los abruptos cambios en las definiciones técnicas y jurídicas que se han realizado a nivel global y nacional para el manejo del Sars-Cov2?
- ¿En qué consisten y cómo se negociaron los contratos establecidos por el Ministerio de Salud; Comisión Nacional de Emergencias; y Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, con corporaciones farmacéuticas para la compra de inyecciones?
- ¿Es transparente, lícita y desinteresada la plataforma QR, que aparece como “donación” por parte de una empresa que ha ganado numerosas contrataciones públicas durante el actual gobierno?
- ¿Cuáles son los intereses de las universidades públicas y colegios profesionales del área de salud en la adopción de tecnologías de punta y apertura de nuevos mercados?
- ¿Cuáles son los principios bioéticos y políticos que deben orientar esta nueva etapa de la humanidad, considerando las culturas y los retos particulares de nuestro país?
Sin duda, la implementación de la plataforma QR profundizaría la discriminación ante la ley y la desigualdad socioeconómica creciente en nuestro país, afectando aún más a microempresas, pequeños comerciantes y un violentado sector turístico. Cabe enfatizar que el Tribunal Contencioso Administrativo mantiene vigente una medida cautelar contra la aplicación del código QR, por lo que se hace un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y gubernamentales para actuar conforme al interés de la soberanía nacional y el ordenamiento jurídico.
Responsabilidad ética y social de las universidades públicas
La inversión excesiva en políticas sanitarias excluyentes y de poca eficacia, distrae recursos indispensables para afrontar los numerosos y graves problemas que enfrenta nuestra patria. Las universidades públicas, que gozan de autonomía política y administrativa, con la libertad de cátedra como fundamento, tienen por misión promover la independencia del país, además de estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, que permita a todos los sectores sociales participar en los diversos procesos de la actividad nacional. Así mismo, los estatutos de estas universidades promueven la resolución alterna de conflictos, estableciendo mecanismos para actuar como Foro donde se presenten ideas sobre la problemática universitaria y nacional. En este sentido, consideramos impostergable, para cumplir los fines y propósitos de la educación superior, abrir el debate científico y el diálogo humanista en relación con temas que afectan profundamente a la academia y al ser costarricense. Invitamos en primera instancia, a funcionarios y estudiantes de buena voluntad, a unir fuerzas para incidir en la apertura de espacios de discusión, suprimidos durante dos años en el Alma Mater. Juntos podemos recuperar la actuación serena desde la bioética y la construcción del bien común, con la participación de cada persona y todos los sectores sociales.
- AGECO: Reconozcamos la dignidad de las personas adultas mayores - 10 de enero de 2025
- Cómo establecer las metas financieras para el 2025 - 9 de enero de 2025
- Serie HONOR Magic 7: Tecnología de próxima generación revelada - 9 de enero de 2025
Colaboración
Las colaboraciones enviadas a aDiarioCR.com son responsabilidad exclusiva de sus autores. aDiarioCR.com no se responsabiliza por su contenido.
Comentarios