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Defensoría confía en que prevalezca la dignidad humana

Ante anuncio de alta demanda de pacientes en los servicios hospitalarios por Covid-19

Por: Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes de Costa Rica

La Defensoría de los Habitantes, en su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Costa Rica, solicita al Gobierno de la República y a las autoridades del Sector Salud garantizar que el acceso a los servicios públicos de urgencias médicas respete y atienda los derechos humanos de todas y todos los habitantes de la República, sin distingos de raza, nacionalidad, credo religioso, genero, edad.

Costa Rica enfrenta, al igual que el resto del mundo, una tercera ola del virus que causa el Covid-19, lo cual agrava la pandemia que ha venido afectando la salud de la población, lo cual es previsible que supondrá un aumento en la demanda de los pacientes en relación al uso de los servicios sanitarios; y, muy especialmente, en el acceso a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Ante esta realidad eventual, la Defensoría recuerda a las autoridades de Gobierno que las medidas adoptadas por los Estados, en la atención y contención del virus, deben tener, como centro, el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes.

En razón de lo anterior, la Defensoría solicita al Presidente de la República, al Ministro de Salud y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, hacer de conocimiento público, por los canales de comunicación suficientes y necesarios, el contenido del documento denominado: “Lineamientos Bioéticos ante la Pandemia por SARS-CoV-2 en su versión 3, aprobado en agosto 2020, a efectos de que la gente conozca el modelo de gestión pública a través del cual se dará la prestación de los servicios de salud, bajo condiciones de extrema emergencia, mediante la aplicación de la Bioética como eje transversal de dicha actuación sanitaria. La recomendación técnica de la Defensoría, en el marco de la epidemia del Covid-19, se da a efectos de minimizar la incertidumbre y la alarma social surgida a partir de la lentitud en el proceso nacional de vacunación vrs. la velocidad del contagio, lo cual genera un aumento en el número de casos que amenaza, de manera creciente, la limitación de recursos hospitalarios existentes.

La prestación de los servicios de salud ante la pandemia del Covid-19; y, muy especialmente de los servicios esenciales prestados por las UCI deben responder a los parámetros de Derechos Humanos que exige nuestro Estado de Derecho para tales efectos, a saber: Protección de la población vulnerable, mayor disponibilidad y optimización de los bienes y servicios de salud, accesibilidad sin discriminación, justicia distributiva, no abandono institucional, la proporcionalidad terapéutica, seguridad del paciente, consentimiento informado, confidencialidad y humanización de la atención.

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La Defensoría advierte y enfatiza ante el funcionariado sanitario y sus autoridades la prohibición de ejercer cualquier tipo de discriminación o estigmatización en la atención que reciben los habitantes; quedando prohibido, por ende, cualquier clase de trato desigual por motivos de edad, sexo, discapacidad, estado civil, ideología, nacionalidad, entre otros. Todo lo cual es una exigencia congruente con los Derechos Humanos y los Principios de la Bioética.

En términos simples, el funcionariado del sector salud no puede llevar a cabo una valoración social de los pacientes. NO interesa si se trata de un médico, una maestra o una persona privada de libertad; tampoco, si la persona es rica o pobre, ya que lo que debe privar, en todo momento y circunstancia, es la aplicación de valores bioéticos, respetuosos de los Derechos Humanos de las personas pacientes, a efectos de prestar el servicio público de salud bajo los parámetros de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Respecto de la edad de los pacientes, esta Defensoría considera acertada la disposición en cuanto a valorar de forma integral a las personas, no siendo la edad biológica o cronológica un argumento de peso para evaluar la atención de un paciente enfermo de Covid-19, como tampoco lo será respecto de una persona con discapacidad. Se trata de maximizar el número de vidas salvadas, con independencia de los años de vida que les puedan quedar por vivir. La Defensoría reitera, su exigencia histórica, de que el uso del criterio de la edad de una persona, a efectos de determinar su acceso a un servicio público, solo puede ser empleado para priorizar su atención, pero nunca y bajo ningún concepto, para denegar o limitar la asistencia sanitaria y su ingreso a unidades encargadas de brindar soporte vital.

En caso de suscitarse una condición crítica para el sistema hospitalario en razón de que la demanda de pacientes supere la capacidad de los servicios hospitalarios, la respuesta del sector salud debe basarse en decisiones ajustadas al respeto de los Derechos Humanos y la dignidad humana de las personas usuarias. Es necesario que las autoridades de Gobierno adopten las medidas necesarias para un reforzamiento inmediato de las UCI, incrementando el personal médico, así como el número de camas hospitalarias; sin descuidar, en ningún momento, la dotación de insumos de protección al personal sanitario.

Confío en el personal de primera línea de la CCSS, reconociendo en los médicos y demás personal sanitario el trato humano a las personas pacientes (pagando muchos de ellos y ellas, con sus propias vidas, el cumplimiento de su misión en salvaguarda de la vida e integridad de otros).

Felicito el desempeño del personal sanitario del cual ha sido testigo directo en sus giras por el territorio nacional en donde ha presenciado los invaluables esfuerzos, que todos los días hacen, en favor de la gente para responder al impacto negativo de esta pandemia. Así como se ha enfrentado la primer y segunda ola pandémica, ahora, ante esta tercer ola, también confiamos en que sabrán tomar las decisiones correctas cuanto llegue el momento de adoptarlas.

En caso de presentarse alguna supuesta discriminación, se debe presentar la denuncia ante la Dirección del Hospital correspondiente, Contralorías de Servicio, Cendeis o Gerencia Médica de la CCSS, de manera previa a su presentación ante la Defensoría.

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