La no regulación de tenencia de armas es una problemática que vive Costa Rica y que provoca el desvío a mercados ilegales que promueven los grupos de crimen organizado.
De acuerdo con la Dirección General de Armamento (DGA) del Ministerio de Seguridad Pública, el descontrol de estos artefactos y por ende su aumento en este tipo de grupos, desencadena un incremento de la violencia armada y con ello, inestabilidad en la seguridad ciudadana e ingobernabilidad del país.
Para tener un mayor control, Costa Rica cuenta con proyectos como el de control de armas y municiones (8PACAM), que pertenece al Departamento de la Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es implementar acciones para el control de estos dispositivos y sus municiones. De hecho, se cuenta con el apoyo de la región latinoamericana para destruirlos si se encuentran en depósitos, por no estar registradas, ser de desecho o por incautaciones.
Al 2023, 52.069 armas cortas estaban registradas en el país, y otras 7.520 largas. Con respecto a la cantidad de estos dispositivos que deben destruirse porque no están registradas o son de delincuentes, el Ministerio de Seguridad prefiere no dar detalles por razones de seguridad.
Destrucción debe hacerse cada dos años y ya habían pasado siete
Para llevar a cabo una destrucción masiva de armas o municiones, el Ministerio señaló que debe tomarse en cuenta la calidad, el riesgo, la disponibilidad de recursos y la urgencia.
Idealmente debería ser cada dos años. En el caso de la última destrucción, se llevaba siete años sin efectuar destrucción masiva. Existen protocolos institucionales para esos procedimientos.
A principios de este mes, el Ministerio de Seguridad informó sobre una operación histórica que eliminó 1.199.929 municiones de distintos calibres, a cargo del personal del Arsenal Nacional, perteneciente a la DGA y a la Academia Nacional de Policía.
Esta cantidad de municiones -eliminadas en hornos especiales de incineración-, fueron decomisadas durante los últimos 12 años, y permanecían resguardadas en las bodegas de la Dirección General.
Para realizarlo, trabajaron con el Programa PACAM de la OEA.
Costa Rica adoptará plan de acción contra el comercio ilícito de armas
Desde este martes 18 de junio y hasta el viernes 28 del mismo mes, Costa Rica participa en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para examinar los progresos alcanzados en la ejecución del Programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.
Precisamente, en esa Conferencia los estados parte de las Naciones Unidas negociarán y adoptarán un documento final que incluye una declaración política y un plan de acción 2024-2030.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se trata de un documento que girará en torno al combate, prevención y erradicación de la producción, comercio y desviación ilícita de armas pequeñas y ligeras.
La embajadora y representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Maritza Chan, quien también preside la Conferencia aseguró:
El tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras sigue cobrando un precio espeluznante para la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Todos lo sentimos, nuestros países y nuestras comunidades en todo el mundo pagan el precio. Debemos hacer más.
Armas ingresan desde Colombia y México
El año pasado, mientras defendía su propuesta de presupuesto para el 2024, Mario Zamora, ministro de Seguridad, comentó en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre la importancia de controlar las armas que ingresan al país desde Colombia y México.
Mencionó además, la importancia de contener la tasa de homicidios, y resaltó la existencia de una geopolítica del crimen, pues las mafias colombianas y ecuatorianas multiplican la presencia de droga en el país, así como los carteles de droga mexicanos que están bajando hacia el país.
Para combatir esta problemática, el ministro propuso un aumento de ₡24 mil millones; sin embargo, se aprobaron ₡21 mil millones.
Este dinero se utilizará para crear 300 plazas para la Fuerza Pública, creación de nuevos puestos de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial; nuevas plazas de investigador y para financiar equipo de transporte en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo con Seguridad, el presupuesto de este año tiene un aumento de 3% en comparación con el del 2023.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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