
Laura Fernández llegó hoy a la Asamblea Legislativa acompañada del ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, y del ministro de Seguridad, Gerald Campos, entre otros y solicitó a los diputados aprobarles procesos de "fácil tramitación", mediante procesos abreviados.
La presidente aseguró:
Este es el primer paquete de proyectos de ley, vendrán muchos más, porque a la crisis que enfrenta la administración de la justicia en Costa Rica la vamos a rescatar entre todos."
Los seis proyectos de ley para impulsar la seguridad
La presidente presentó ante los diputados de la República el paquete de seis proyectos de ley, los cuales son:
1. Ley Gerson Rosales: Bautizada en honor al policía asesinado en su labor, es una reforma para que la respuesta armada de los funcionarios policiales deba considerarse como legítima defensa. Aumenta penas por resistencia a la autoridad, y pide negar libertad condicional en estos casos.
2. Ley de sanción a la pertenencia a organizaciones criminales: Sanción de cárcel de uno a seis años, que se podrá agravar de 6 a 20 años en casos como terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, secuestro extorsivo y trata de personas: "Pertenecer a una banda criminal debe ser un crimen en Costa Rica", aseguró Laura Fernández, quien pidió penas de 1 a 6 años para quienes sean parte de una banda "que operan casi como una empresa transnacional".
3. Ley de mano firme contra la reincidencia delictiva: "No se debe juzgar de igual manera a quien comete un solo delito, que alguien que hace del crimen su forma de vida", por lo que se pedirá la reforma para impedir que se liberen personas sentenciadas por temas de arraigo laboral o familiar. Se crearán cuatro categorías de reincidencia para aumentar las sanciones: a) reincidencia simple, b) reincidencia cualificada, c) reincidencia habitual y d) profesional delictivo (con tres o más sentencias firmes y comentan un nuevo delito intencionalmente.
La presidente aseguró:
Dentro de los delitos que estamos incluyendo en esta reforma legal para frenar -de una vez por todas- la reincidencia y castigar con normas especializadas, a quienes hacen del delito un estilo de vida, están: los delitos sexuales contra personas menores de edad, homicidio doloso, femicidio, secuestro extorsivo, robo agravado, trata de personas, delincuencia organizada, terrorismo, tráfico de drogas, precursores y narcotráfico, legitimación de capitales y, por último, delitos patrimoniales contra la hacienda pública."
4. Ley de cero ocio en las cárceles: Según aseguró la presidente, cada privado de libertad le cuesta mil dólares al mes al sistema penitenciario. A partir de estos datos del Ministerio de Justicia y Paz, se propone una reforma para que todas las personas detenidas deban pagar su manutención: "No queremos más vagos en la cárcel". Según la propuesta, de la actividad productiva de los privados de libertad, un 35% iría al sistema penitenciario para pagar su manutención, un 35% a las familias de las víctimas, un 20% de apoyo a familiares de los detenidos, y un 10% a un fondo de ahorro para que cuando cumplan la condena, estas personas tengan recursos para retomar su vida. Laura Fernández aseguró:
Es una política que busca que tengamos cero ocio en la cárcel."
5. Ley contra pistas de aterrizaje clandestinas: Según la presidente hoy hay 200 pistas clandestinas en Costa Rica. Se aumentarán de 5 a 10 años las penas vinculadas con la construcción y funcionamiento de pistas clandestinas, pero incluye una reforma para impedir que los dueños de los terrenos puedan vender, arrendar o traspasar estas propiedades. "El propietario tiene que vigilar el uso de sus terrenos(...) ¿a quién le hacen una pista de aterrizaje de avionetas o de helicópteros y no se da cuenta, a quién se la hace una, dos y tres veces y no se da cuenta?", aseguró la presidente.
6. Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales: En 2016 se instituyó el derecho al olvido en registros judiciales, pasado un período de 5 años. La presidente propone que las causas y condenas permanezcan por un período de 15 años para el tema de hojas de delincuencias, y no se borren nunca de archivos policiales y judiciales, para efectos de investigación, otorgamiento de beneficios carcelarios o definición de condenas.
Es importante aclarar que en 2016, lo que realmente ocurrió fue la adopción formal del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea, el cual elevó este principio a ley, permitiendo a los ciudadanos solicitar la supresión de datos obsoletos o irrelevantes. Esta ley se rige principalmente por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968) y es garantizado a través de resoluciones de la Sala Constitucional.
Laura Fernández pidió celeridad a los diputados
Laura Fernández concluyó pidiéndole a los diputados:
Les ruego -en nombre del pueblo de Costa Rica- que aprueben proyectos de fácil tramitación.
La bola está del lado de ustedes.

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