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Procuraduría pide declarar ilegalidad de la huelga

El sector sindical pide retirar por completo el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mientras que la Procuraduría ha presentado siete petitorias ante el Juzgado de Trabajo de un total de 12 por tramitar.

Hoy se cumplen tres días de manifestaciones contra el “Plan Fiscal” por parte de sindicatos y agrupaciones sociales en diversas zonas de país.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José la declaratoria de ilegalidad de la huelga en siete instituciones.

Específicamente, se trata del traslado de las petitorias planteadas por los Ministerios de Educación, Justicia y Paz, Obras Públicas y Transportes, Salud, Agricultura y Ganadería y Vivienda y Asentamientos Humanos, así como del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

La Procuraduría tiene pendiente de estudio aún las solicitudes planteadas por los ministerios de Hacienda y Seguridad, la Asamblea Legislativa, Migración y Extranjería, y el Centro Nacional de la Música.

El resto de estas solicitudes se presentarán una vez analizada la documentación emitida por cada una de las instituciones.

Por otra parte, 19 instituciones descentralizadas del sector público presentaron la petitoria de declaratoria de ilegalidad en los Juzgados de Trabajo.

Al mediodía de este miércoles, los Juzgados habían notificado a los sindicatos de 14 instituciones sobre el inicio de las diligencias de calificación de huelga: CCSS, Correos de Costa Rica, SINART, ICE, PANI, RACSA, CNE, CNFL, INDER, JPS, BCCR, AyA, IMAS e INA.

En total son 31 las instituciones que iniciaron trámites para pedir la declaratoria de ilegalidad del movimiento.

Manifestaciones en Limón pierden control

Mientras tanto, el Ministro de Seguridad, Michael Soto, confirmó que la noche del martes se reportaron actos violentos en la provincia de Limón debido a las manifestaciones a eso de las 6 p.m. cuando un grupo de personas prendieron fuego a basureros y llantas con el fin de cerrar la entrada al plantel de Recope en Moín.

Tres horas después las autoridades recibieron la alerta del incendio de un cabezal en la comunidad de Limón 2000. Según Soto el conductor del vehículo fue expulsado a pedradas de la cabina.

Para lograr controlar estos altercados, Soto envió un equipo antimotines a la zona.

Posibles sanciones 

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Los resultados del análisis de legalidad de la huelga se darán a conocer en los próximos 15 días. Luego de emitido el comunicado, los patronos podrán proceder a realizar despidos o una rebaja salarial por los días no laborados.

Según el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado, el movimiento es ilegal ya que si existe disposición gubernamental para resolver el conflicto económico que existe actualmente, la ausencia de los trabajadores públicos del sector salud y educación están afectando servicios esenciales y además esta no fue una huelga aprobada por la Asamblea de Trabajadores.

Desmienten información difundida por ANEP

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, desmintió información difundida por la Asociación Nacional de Empleados y Privados (ANEP) sobre una posible negociación de la reforma fiscal con el sector agropecuario.

“El Gobierno siempre ha tenido las puertas abiertas para el diálogo. Dichos espacios con el sector agropecuario se tuvieron y hoy se reflejan en un proyecto que incluye unas tarifas diferenciadas que reconocen la realidad del sector”, explicó el legislador del PAC.

Las medidas adoptadas en el expediente 20.580 dan herramientas para luchar contra el contrabando, el lavado de dinero y el destase de ganado, temas que han sido de incidencia para el sector agropecuario que trabaja con honradez y esfuerzo.

Además, la reforma fiscal contempla que los micro y pequeños empresarios contarán con un régimen simplificado de tributación. El legislador solicitó a la ANEP no desinformar a la población sobre la reforma fiscal.

Por qué los sindicatos salieron a las calles 

Retirar por completo el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es lo que pide el sector sindical, motivo por el cual hoy se convocó a una marcha en el centro de San José como parte de las acciones que señalaron los sindicatos a principios de la semana pasada.

La principal molestia de estas agrupaciones es la conversión del impuesto de ventas del 13% a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.

Además, el secretario de la ANEP, Albino Vargas, mantiene la posición de que el Gobierno no les ha permitido formar parte de las negociaciones del plan fiscal.

Según el dirigente esta reforma económica propicia la desigualdad, la concentración de la riqueza, no corrige la evasión fiscal y grava al asalariado, afectando negativamente la economía de la clase media y baja, especialmente a los trabajadores estatales.

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