
Crear un banco de material genético de exconvictos que fueron condenados por delitos sexuales, es una de las propuestas que engloba el proyecto de Ley 24.327, presentado a corriente legislativa recientemente por la bancada socialcristiana.
Los diputados también pretenden generar una base de datos de personas privadas de libertad por esta causa, así como permitir que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) obtenga el material genético en casos donde los ofensores sexuales cumplen condenas que superan cuatro años de prisión.
“Esto facilitará investigaciones posteriores, futuras o paralelas, y permitirá mejorar la seguridad pública, la eficiencia judicial, la prevención del delito y la protección de los derechos de las víctimas”, aseguró María Marta Carballo, jefa de la fracción de la Unidad Social Cristiana.
Agregó que: “Hay casos en donde se tienen sospechosos que no pueden ser detenidos por falta de pruebas de material genético y con esta propuesta, le estamos dando al país una herramienta muy valiosa para estos casos”.
Seguimiento de exconvictos es esencial para prevenir riesgos
El texto del proyecto indica que el seguimiento a exconvictos condenados por estas causas, tras su liberación, es importante por razones de principios legales, sociales y de seguridad pública.
“La reincidencia de los delitos sexuales es una preocupación significativa, y el seguimiento permite la implementación de mecanismos de vigilancia y control que reducen esta probabilidad, protegiendo así a potenciales víctimas”, dice la iniciativa.
Por otra parte, señala que desde una perspectiva jurídica, los programas de seguimiento y reintegración se alinean con el principio de rehabilitación y resocialización consagrado en muchos sistemas penitenciarios y marcos legales internacionales.
“Estas iniciativas buscan proporcionar a los exconvictos las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas de manera lícita y productiva, reduciendo así la tentación o necesidad de reincidir en conductas delictivas”, apunta el texto del proyecto.
Los legisladores fundamentan su propuesta en que los programas de seguimiento y reintegración, promueven el respeto por los derechos humanos de los exconvictos, y que, post-liberación, la supervisión está justificada en términos de responsabilidad estatal y social.
Según indicó Carballo, la información que guarde estos bancos, deberá ser salvaguardada por el OIJ, bajo un alto nivel de confidencialidad y para uso exclusivo de investigadores, jueces, fiscales o defensores.
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