Un informe de la Contraloría General de la República reveló que las municipalidades del país tenían pendiente de cobro, al finalizar el año 2017, un total de ¢53.471,4 millones por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), cifra que aumentó un 51,5% en comparación con el 2013.
La Contraloría realizó un seguimiento en particular a las municipalidades de Barva, Esparza, Goicoechea, La Cruz, San Ramón, Santa Cruz y Tibás, ya que estos cantones registran altas cifras de morosidad en el IBI.
Las siete municipalidades han dejado de percibir, al finalizar el año 2017, un total de ¢4.681,2 millones, de los cuales más de ¢1.200 millones podrían dejarse de cobrar del todo por prescripción de la deuda (de acuerdo con la ley 7509, el plazo es de hasta 3 años).
En muchos casos, los contribuyentes ni siquiera presentaron la declaración de este impuesto. Por ejemplo, en Santa Cruz hicieron falta 28184 declaraciones, 21741 en Goicoechea, 9130 en Barva y 8135 en Esparza. De estos casos, únicamente la Municipalidad de Goicoechea realizó el cobro de la multa por no presentar la declaración.
De acuerdo con Vivian Garbanzo, gerente de Desarrollo Local de la Contraloría, los problemas de recaudación de impuestos municipales “provocan la falta de atención oportuna de los vecinos del cantón y el atraso en la ejecución de obras para el desarrollo de estas comunidades”.
Como dato positivo, sin embargo, la recaudación del impuesto de bienes inmuebles en todo el país también tuvo un incremento del 53% entre el 2013 y el 2017, pasando de ¢65.444 millones a ¢100.236,7 millones en dicho periodo de cinco años.
La ley 7509 establece que, en el caso del impuesto sobre bienes inmuebles, las municipalidades tienen la responsabilidad de la administración tributaria. “Los gobiernos locales deben desarrollar una serie de actividades asociadas a los procesos de recaudación y ejecución de los ingresos percibidos por concepto del IBI, que les permitan recibir los ingresos y utilizarlos en los gastos autorizados”, se les recuerda en el informe de la Contraloría.
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Alejandro Portilla Navarro
Periodista, locutor, productor audiovisual y diseñador web. Bachiller en Periodismo y en Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica.
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