
Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indican que el 31% de la población costarricense en el 2050, será adulta mayor.
Ante este panorama, más de 400 personas del régimen municipal costarricense se reunieron en el Centro de Convenciones de Costa Rica (CCCR), para participar en el Primer congreso nacional de ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores, apoyado por instituciones como el Ministerio de Salud, Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), entre otros.
El principal fin del encuentro, fue conocer las últimas propuestas en temas como: envejecimiento saludable, urbanismo amigable con adultos mayores y políticas públicas locales enfocadas en la atención de esta población.
Jorge Ocampo, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), manifestó: “El envejecimiento poblacional es un reto, pero a la vez, una oportunidad que requiere de adaptación por parte de los gobiernos locales, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas locales que promuevan el envejecimiento y estilo de vida saludable, y previenen la proliferación de enfermedades como la diabetes, hipertensión o depresión en estas generaciones”.
Una de las conclusiones del congreso, es que la investigación y el aporte de la academia es importante para que los territorios entiendan y apliquen políticas públicas locales, proyectos y programas que colaboren para que los ciudadanos afronten el envejecimiento de manera digna.
AGECO no recibe ayuda económica del Gobierno desde hace cinco meses
Este primer congreso se da a cinco meses de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), suspendiera la transferencia de fondos a la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO).
De acuerdo con la asociación, el 24 de mayo pasado, recibieron la notificación de un informe de auditoría interna del Ministerio, en el que se indicaba que no podían girar los recursos a causa de una “determinación de aspectos de mejora”.
“La transparencia y la rendición de cuentas siempre han guiado el trabajo de AGECO, por eso no entendemos esta medida injustificada tomada por el ministerio y que está afectando a miles de personas mayores que se benefician de los programas sociales de la asociación”, contó Fabián Trejos, gerente general de la asociación.
De acuerdo con Trejos, esta suspensión significa el cierre de programas en derechos humanos, redes comunitarias y capacitación para que personas mayores encuentren empleo.
Algunos de los programas que utilizan estos recursos, según la asociación, son:
- Programa Envejeciendo activamente en mi comunidad: más de 85 grupos comunitarios organizados a nivel nacional con 2678 personas mayores miembros.
- Programa Instituto Gerontológico de Formación (IGEF): más de 3400 personas mayores beneficiadas por año, con una proyección de 650 cursos en el 2022.
- Proyecto Sigo Vigente + 45 (empleo y empresariedad): más de 500 personas mayores de 45 años desempleadas registradas para recibir capacitación y 30 empresas involucradas en procesos de gestión de la edad.
- Programa Derechos Humanos, Incidencia Política y Proyección Social: brinda conocimiento especializado en materia de derechos humanos de las personas mayores mediante plataformas tecnológicas (sitio web especializado y videoconferencias) y 20 comunidades del país organizadas en Observatorios de Derechos Humanos y Comisiones Locales de Incidencia.
Para el 2023, AGECO estima que sus acciones podrían reducirse en un 40%, en comparación con el 2022.
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