Funcionarios penitenciarios y hasta animales son utilizados diariamente por los privados de libertad para conseguir teléfonos celulares.
El último caso se dio el pasado fin de semana, cuando se detuvo a un visitante del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, por intentar introducir a través de un tanque de oxígeno, siete celulares.
Según la Policía Penitenciaria, del 2016 a los primeros nueve ocho meses de 2019, se han detenido 77 personas tratando de ingresar celulares a las cárceles, cuyos precios dentro de ellas rondan entre ₡450.000 y ₡500.000 cada uno.
Operadoras y expertos han visitado centros penitenciarios
Según una mujer, quien pidió no revelar su identidad, su hijo preso de libertad tiene celular: "Desde que mi hijo está en ese lugar ha tenido celular. Los mismos policías son quienes se los venden, y desde hace más de dos años que permanece con el aparato sin que se lo quiten".
Para evitar que a través de situaciones como esta estafen a los ciudadanos -más de 1500 denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)- desde agosto de 2018 se aprobó la ley para evitar estafas telefónicas desde los centros penales.
De acuerdo con Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, el funcionamiento de esa nueva legislación está en manos de las compañías operadoras.
“Ya ha pasado más de un mes desde que se publicó el reglamento de la Ley. En estos días hemos tenido reuniones y visitas a los centros de expertos internacionales traídos por las operadoras. Esperamos que se cumplan todos los procesos necesarios para que la ley entre a funcionar en los 20 centros del país”, explicó Bertozzi.
El director afirmó que son conscientes de que el tema es complejo, sin embargo, están esperanzados y confiados en que la ley mitigará la problemática.
Retos
Una de las instituciones que participó desde el inicio en la redacción del reglamento de la Ley dispuesta por el Presidente de la República, Carlos Alvarado, fue el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, indicó que hay tres principales retos al poner en práctica esta legislación: “Uno de los aspectos más importantes es que se debe lograr una solución suficientemente robusta que impida la señal dentro de los centros penitenciarios y que al mismo tiempo no afecte a los usuarios de zonas aledañas”, reconoció.
Crear una solución adecuada para cada uno de los centros, tomando en cuenta sus características particulares, como por ejemplo ubicación, tamaño y tipo de infraestructura, es también considerada una de las tareas dificultosas.
“Otro de los desafíos es coordinar por parte de los tres operadores la implementación del servicio, tomando en cuenta que uno de ellos es un ente público que debe seguir procedimientos diferentes a los otros dos operadores, quienes están autorizados a tomar medidas necesarias únicamente en las frecuencias objeto de sus títulos habilitantes”, detalló Estrada.
El viceministro añadió que para lograr poner en funcionamiento la Ley, es vital una buena coordinación entre el Ministerio de Justicia y Paz y los operadores, para que juntos cumplan con las obligaciones establecidas en el reglamento.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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