El diputado socialcristiano Pedro Muñoz y las alcaldías de Santa Ana, Carrillo, Escazú, Liberia, Santa Cruz y Nandayure, presentaron este lunes al Tribunal Contencioso Administrativo una solicitud de medida cautelar en contra del Estado, para que se elimine la restricción vehicular sanitaria que comenzó este lunes.
Los representantes municipales aseguran que no se está cumpliendo con lo que el presidente de la República, Carlos Alvarado, ofreció a los alcaldes el viernes pasado durante una reunión.
“Realmente el acuerdo de unificar la restricción vehicular no fue cumplido. Un tema es unificar los horarios de funcionamiento, y otra cosa es mantener la separación de las placas. De nada sirve que nos permitan abrir los comercios si definitivamente no nos permiten transportarnos en nuestros vehículos a realizar las compras y recibir los servicios que necesitamos recibir”, manifestó el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona.
Para el diputado Muñoz, no tiene sentido que la medida no sea homogénea. “No tiene sentido que los costarricenses que vivimos en un cantón con ciertas restricciones, vamos a trabajar en otro cantón con otras restricciones. No tiene sentido que se hayan abierto los comercios, pero que los clientes no puedan ir todos los días de la semana. Los comercios pagan luz, agua, planilla y cargas sociales todos los días de la semana”, aseveró el congresista.
El socialcristiano añadió que si el presidente no ha puesto atención al clamor popular, “entonces que sea un juez de la República el que a través del Estado de Derecho y la institucionalidad, venga a poner orden en estas medidas de confinamiento irracionales que se han materializado en esta absurda e irracional restricción vehicular”.
Marco Vinicio Solís, vicepresidente de Fedecámaras comentó que esta restricción no tiene sentido, y que el fin de semana se comprobó el resultado. “El lunes pasado fuimos atendidos por el viceministro de la Presidencia Randall Otárola y dentro de las medidas más importantes que pedimos que se elimine fue la restricción, que no tiene sentido porque están mandando a las personas a hacer enormes filas para tomar buses”, dijo el también el representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte.
Las medidas deberían ser iguales en sector público y privado
A través de su cuenta en Facebook, Emilio Bruce, empresario y expresidente de la UCCAEP, apuntó a que el gobierno debería aclarar por qué el comercio no pueden abrir, siguiendo las medidas sanitarias que le permiten al sector público seguir manteniendo sus oficinas abiertas.
“Los empleados públicos siguen trabajando y siguen recibiendo sueldos y salarios. Entonces, en qué estriban las medidas sanitarias guardadas por ministerios y empleados públicos que sí les permiten ir a trabajar y mantener abiertas sus oficinas, cuando los del sector privado deben cerrar sus puertas y esperar pacientemente la ruina”, dijo Bruce.
El empresario añadió: “Si las medidas tomadas por el sector público son tan buenas, generalicemos, pero no es cuestión de arruinar el motor de la economía nacional cuando hay medidas que se han adoptado en el sector público que les permite seguir trabajando”.
"Quiero recordarle a los señores gobernantes que sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay sueldos, sin sueldos no hay consumo, ni aportes a la Caja del Seguro Social que está gastando todo lo que puede para salvar la salud del país. Sin empresas abiertas ni consumo no hay recolección de impuestos. ¿A qué estamos jugando? ¿A arruinarnos? ¿Quién paga los gastos del Estado sino los que trabajan y producen? ¿Hay alguien en Costa Rica que crea que es posible aumentar el gasto indefinidamente solo pidiendo y pidiendo y pidiendo préstamos? ¿Quién va a pagar esos préstamos y esos intereses después? No se juega con el hambre de la gente y menos se reprime con fuerza a quienes solo desean trabajar y llevar comida a su casa. Si los protocolos sirven para el Estado también sirven para el sector privado. No se quiebra una economía porque se pierda la salud también. Además se pierde también la paz social y se rompe el tejido social de los costarricenses", aseguró Bruce.
Gobierno no toma en cuenta a todos los sectores
El vicepresidente de Fedecámaras se quejó de que no fueron convocados a la reunión que tuvo Presidencia y el ministro de Salud, con sectores privados: "Esto es inadmisible, porque solo con unos cuantos se están reuniendo. No es posible seguir en este juego, pretender un sistema de salud sobre una economía quebrada”, expresó Solís.
Para Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el gobierno ya no tiene credibilidad y el presidente Alvarado ya no genera confianza.
El sindicalista puntualizó una serie de problemas para participar en el proceso Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, que busca que los sectores propongan soluciones a los problemas que los afectan.
Vargas señaló que entre las contras de este proceso se encuentra que el gobierno ya tiene posiciones político-ideológicas definidas, como en materia de empleo público y de eliminar la jornada laboral de ocho horas. “Este es un proceso débil y de naturaleza unidireccional, no hay un cara a cara entre contrarios determinantes, el verdadero diálogo social es de otra naturaleza”, acotó el secretario de la ANEP.
También destacó que la agenda legislativa especialmente la de naturaleza anti-obrera continuará, y que no se ha establecido una tregua.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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