
En el 2023, Costa Rica sumó 72 muertes violentas de mujeres, 18 de ellas fueron femicidios. Este año, la cantidad de femicidios hasta mayo, es de 4.
Para la Defensoría de los Habitantes, esta problemática de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es prevenible, por lo que solicita al Gobierno más esfuerzo para lograrlo contrarrestar la situación.
Demanda al Poder Ejecutivo destinar más recursos a las instituciones públicas para hacerle frente a este tipo de violencia, pues el órgano defensor asegura que son insuficientes tanto en lo material como en el recurso humano, la cobertura territorial, el seguimiento y la sostenibilidad.
“A pesar de la emisión de nuevas disposiciones y protocolos para el abordaje técnico de este tema, se evidencia que las metas de las instituciones resultan exiguas en relación con la dimensión de la problemática, y su alcance es limitado”, indica la Defensoría.
Como ejemplo, la institución señala las estrategias que se han propuesto en el país, pero que al ser tan pertinentes técnicamente, se basan en la capacidad y disposición de funcionarios, y requieren de recursos presupuestarios.
Una de ellas es la estrategia que se realizó bajo el liderazgo del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), que estableció la posibilidad de llevar servicios especializados a mujeres afectadas por violencia, en comunidades de difícil acceso a servicios de seguridad, protección, justicia, atención de la salud y psicosocial.
“Es oportuno que se considere la posibilidad de proponer a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la regla fiscal a las instituciones del sistema nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, particularmente la de atención directa”, menciona la Defensoría.
La institución solicitó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, un informe sobre las acciones que se implementarán para dotar de recursos a las entidades, además de la priorización de inversión social, seguridad y métodos para su ejecución pronta.
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