A pesar de que la agenda 2023 y sus objetivos dan una orientación para el diseño, formulación e implementación de proyectos para reducir las desigualdades, la Defensoría de los Habitantes denuncia que el país está lejos de una ruta para una atención real de esta problemática, pues no cuenta con una política nacional para atender la pobreza.
La institución llegó a esta conclusión tras un estudio preliminar sobre las consecuencias de la aplicación de la regla fiscal en las instituciones del sector bienestar, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
De los resultados preliminares, preocupa que durante los últimos años el amparo de la aplicación de la Regla Fiscal, hay una reducción constante en el país en materia de inversión pública en educación, salud y programas de combate a la pobreza, que compromete los tímidos avances en relación con la pobreza y desigualdad.
Otro de los hallazgos, es que es necesario revisar el diseño de los programas sociales, con el objetivo de garantizar su idoneidad y que sean complementarios para mejorar la coordinación interinstitucional, así como para perfeccionar y uniformar los mecanismos de selección de beneficiarios, con el fin de que lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan.
Con esto, también buscan completar la cobertura de los programas sociales y en especial los que están en áreas alejadas del país, pues se necesita enfatizar la calidad de los servicios de educación y salud, para que estén acordes a las necesidades y condiciones de las poblaciones.
Hay una necesidad de incorporar prácticas de evaluación de servicios y programas que incorporen metodologías de costeo claras, que determinen cuál es el monto adecuado que se debe otorgar a las familias o personas beneficiadas para que puedan subsistir o continuar con sus estudios.
Programas sin indicadores de impacto y efecto
De acuerdo con el órgano contralor, casi todos los programas sociales analizados carecen de indicadores de impacto y efecto, lo que les impide medir si realmente están generan una incidencia positiva en la población.
Asimismo, no hay consideración de factores importantes para estos proyectos ni para los montos de ayuda, como la zona donde vive la personas que se beneficia, si tiene alguna discapacidad o enfermedad.
En algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada.
Para la Defensoría, se debe crear una política pública formal que coordine y articule distintas estrategias y programas que se dirigen a la reducción de pobreza y que haya inclusión social.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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