La Directora Jurídica de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), Nelly Vargas, considera que lo más preocupante del actual sistema de pensiones es la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM): “El IVM reúne a la mayor cantidad de trabajadores de Costa Rica, por lo tanto es el sistema que tenemos que preservar para que todos tengamos derecho a una pensión digna en los próximos 40 años”, asegura Vargas.
Según la abogada, desde el punto de vista financiero, la crisis económica actual afecta negativamente al IVM debido a que, por un lado, las tasas de interés pueden incrementarse, y por otro lado, el mercado laboral se está contrayendo y al no haber personas que se incorporen a trabajar, disminuye la cantidad de asalariados cotizando.
Vea las declaraciones de la directora jurídica de la SUPEN, Nelly Vargas.
Además, la experta considera que el dramático cambio demográfico genera una alerta para los fondos de pensiones: “La cantidad de gente que está envejeciendo en nuestro país en comparación con la que está naciendo está causando un gran desequilibrio y eso va a encarecer las pensiones”.
Un sistema estándar
Se debe establecer un tope pronto como elemento de solidaridad y de armonización del sistema, ya que en este momento 9.600 personas reciben un monto más alto que el cotizado, 17.400 pensionados reciben más de una pensión y hay un grupo de 100 personas cuyos ingresos por pensión superan los ¢5 millones.
“Sí se debe poner un tope y podríamos tomar como parámetro el de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que es el régimen general (¢1,5 millones de tope). Sin embargo la discusión de ese límite se debe realizar con cautela, ya que existen muchos elementos legales de los cuales depende la armonización. Por ejemplo, no todas las personas cotizan igual, en la Caja se cotiza menos que en el Poder Judicial o en el Magisterio”, expresó Vargas.
La experta indicó que las diferencias entre los regímenes actuales se deben a que en la historia del país varios de los sistemas de pensiones se crearon por razones políticas para favorecer a grupos específicos de manera especial en la década de los 60.
“Como eran para sectores muy focalizados no se crearon con una mentalidad técnica que tomara en cuenta los fondos de inversión y peor aún durante muchos años estos regímenes no fueron regulados ni supervisados”, aseguró Vargas.
Con la Ley Marco de Pensiones algunos de los regímenes con mayores problemas se cerraron en 1992. Sin embargo las personas que siguen vivas y que están pensionadas bajo estos regímenes tienen todo el derecho de recibir una pensión de acuerdo con las reglas y montos que se establecieron en esas épocas.
En este momento existen personas laboralmente activas que pueden optar por pensionarse bajo alguno de esos sistemas: Régimen de Hacienda, Régimen de Correos o Régimen del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) que son administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, lo cual extenderá por varios años la posibilidad de una estandarización de los sistema de pensiones.
Pensiones de lujo
Con respecto a las pensiones de lujo Vargas asegura que definitivamente deben regularse. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que los diputados definan qué es una pensión de lujo.
Desde un punto de vista técnico, la SUPEN considera una pensión de lujo como aquella que una persona recibe sin haber cotizado lo suficiente para el monto que se necesita, incluso puede ser un monto de ¢100.000, el cual se convierte en pensión de lujo si la persona que lo recibe no cotizó lo suficiente para recibir esa cantidad.
Según la abogada hay una confusión que se ha generado en la Asamblea Legislativa, ya que si se analizan las leyes que se han aprobado últimamente, no hay una visión única de qué es una pensión de lujo, los diputados definen los montos dependiendo del régimen y esto claramente afecta una estandarización de los topes.
“Por ejemplo, para el Poder Judicial los diputados definieron un tope de ¢4 millones, en el caso de las pensiones con cargo al presupuesto nacional que administra el Dirección Nacional de Pensiones (DNP) ¢2,6 millones y en el caso del Magisterio ¢3,6 millones. Esto no es un concepto estándar”, asegura Vargas.
“Si usted se va a la Caja, ahí existe un tope de pensión es de ¢1,5 millones para todos, independiente de lo que ganen. Ese debería ser el tope ideal para todos los funcionarios del sector público. Además debe establecerse una regulación para un solo régimen de pensiones para quienes ingresen al mercado laboral a partir de hoy“, enfatiza Vargas.
Pensión complementaria
Vargas considera que los asalariados tendrán que cambiar de mentalidad y dejar de creer que solo dependerán de la pensión de la Caja. Ella recomienda hacer uso de pensiones complementarias para que el monto que vayan a recibir por pensión sea mayor.
“A partir de la Ley de Protección al Trabajador (N° 7983) la pensión está integrada por dos partes: El componente del régimen básico del IVM y el componente del régimen de capitalización individual -régimen privado manejado por la operadora de pensiones- y juntos son una sola pensión. A esto considero deberíamos sumarle una pensión complementaria” y señaló la importancia que ha tenido la discusión en la Asamblea Legislativa. Además considera que se debe definir ya si se aumenta el número de años necesarios para pensionarse debido a las exigencias del mercado y la evolución de economía costarricense.
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