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CGR rechaza prorrogar contrato de RITEVE

La Contraloría denegó prorrogar el contrato sobre inspección técnica vehicular que realiza RITEVE desde hace casi 20 años

La Contraloría General de la República (CGR) emitió criterio sobre el planteamiento que le remitió el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) para la prestación del servicio de inspección vehicular. Este contrato vence en julio de 2022. La propuesta de COSEVI consistió en prorrogar el contrato por un plazo de tres años y una prórroga de dos años adicionales.

La gestión fue rechazada por la CGR en la medida que no existe claridad en la información presentada sobre aspectos esenciales para una eventual prórroga del contrato, según comunicado de prensa.

Razones de la denegatoria

Lic. Elard Ortega, CGR

El Lic. Elard Ortega, Gerente Asociado de la División de Contratación Administrativa, asegura que la CGR reconoce el interés público en la inspección técnica vehicular pero que hay ausencia de información sobre aspectos esenciales del contrato tales como:

  • Variación en el modelo de negocio respecto de la donación de estaciones y equipo de dichas estaciones

  • Impacto en la tarifa que pagarán los usuarios del servicio

  • Justificación de la prórroga del plazo por 5 años

  • Suspensión del trámite de contratación de nuevos operadores en razón de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 25 de la Ley de Tránsito

  • Participación de la ARESEP en la aprobación de la tarifa que rige a partir del 16 de julio

  • Mantenimiento de las instalaciones

La CGR había alertado al COSEVI

Según la CGR, en dos fechas envió informes de fiscalización (28 de junio y 13 de octubre de 2021) sobre el vencimiento del plazo contractual. La CGR dice que advirtió a la Administración sobre la oportunidad requerida en la gestión de una solución en este tema, bajo su entera responsabilidad y con apego a la normativa legal aplicable, por lo que en el oficio se cuestiona la oportunidad y la calidad con la que se planteó la solicitud de autorización.

Qué corresponde ahora

Le corresponde exclusivamente a la Administración valorar los términos del oficio de la CGR así como definir una estrategia para dar continuidad a la prestación del servicio apegado a la normativa aplicable, que le compete y conoce ampliamente.

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