Caso Beatriz vs. El Salvador: Más de 90 ONG denuncian donaciones para legalizar el aborto

Qué es el Caso Beatriz

El Caso Beatriz vs. El Salvador trata sobre una mujer joven embarazada que ya tenía una hija. Beatriz padecía de lupus y tuvo un embarazo de alto riesgo pues su bebé fue diagnosticada con anencefalia (condición incompatible con la vida extrauterina). Un grupo de mujeres que luchan por la legalización del aborto en El Salvador supo de su casó y utilizó a Beatriz para solicitar el aborto el cual fue negado en el hospital de El Salvador.

Para las 90 ONGs, el caso Beatriz vs. El Salvador es un caso “falso”, ficticio, claramente armado y financiado para favorecer la legalización del aborto en Latinoamérica.

Ellas aseguran que Beatriz sufrió abuso psicológico por parte de las ONG peticionarias y fue manipulada para solicitar el aborto de su hija Leilani con el fin de legalizar dicha práctica.

El caso se construyó sobre actos ilegales

La Sra. Morena Herrera, fundadora de la Colectiva feminista para el Desarrollo Local y presidenta de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador, organizaciones peticionarias del caso Beatriz vs. El Salvador, en este video afirma que:

• recibió ilegalmente el reporte médico de Beatriz.
• mintieron en el hospital para acercarse a ella.
• desestimaron el bienestar de Beatriz al priorizar la lucha por la legalización del aborto por sobre su vida (“Nosotras luchamos por los derechos de todas las mujeres, pero queremos comprometernos con claridad aquí con vos y vamos a hacer un acuerdo ético de que nosotras no vamos a supeditar la lucha por los derechos de todas, a la lucha por tu vida. Si hacemos este compromiso, nos apoyamos así. Y ella dijo: bueno está bien”.)
• le pusieron un abogado e incitaron a realizar un aborto de forma ilegal (“El martes, un abogado de la Agrupación Ciudadana se fue con Beatriz al Hospital de Maternidad. Ninguna de nosotras fuimos para no hacer bulla y se fue a hablar con los médicos y médicas del hospital con el siguiente planteamiento: Háganle el procedimiento de interrupción del embarazo a Beatriz. Nosotras no vamos a decir nada, no vamos a hacer nada que haga parecer que en el hospital lo han realizado, pero háganlo pronto. Hay que apoyar que ella cuide su salud y salve su vida. Eso nosotras nos comprometemos al silencio. Y entonces les dijeron: No”).
• manipularon a Beatriz de manera que creyese que su vida corría riesgo de muerte, lo que era falso, con el fin de solicitar que abortara a su hija Leilani, lo cual puede caracterizarse como abuso psicológico, el cual es causa probable del mayor daño que sufrió Beatriz, que fue la presión psicológica y el miedo a morir.
• su vida no corría riesgo como le hicieron temer, tal como lo demuestran los hechos (pues vivió cuatro años más después del nacimiento de su hija) y los informes médicos de la Defensa; ni sufrió perjuicios por la penalización del aborto y que esta práctica hubiera puesto en mayor riesgo la vida de Beatriz ya desde la semana 14, tal como explicaron los profesionales médicos, hasta la semana 28, como se explica en el video de la audiencia del 2023 en la CIDH.

Para las 90 ONGs:

Es escandaloso que la Corte IDH y la CIDH sean financiadas por las mismas organizaciones abortistas que financian a los peticionarios del caso. Esto configura un grave conflicto de intereses que en varios países se considera delito y sin duda es una falta de transparencia y honestidad inaceptable para un Tribunal de Justicia Regional, que socava la legitimidad de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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La evidencia surge de los mismos reportes de financiamiento de la CIDH y de la Corte IDH, así como de los reportes de gobiernos y organizaciones que las financian, los cuales explícitamente promueven el aborto y financian a la vez a las organizaciones peticionarias del caso.

Estas organizaciones financiaron al SIDH con al menos US$22,3 millones y a la vez, a los peticionarios del caso, con US$64,3 millones. Si se considera que cada país que legaliza el aborto, en general termina gastando millones de dólares en píldoras, anticonceptivos, capacitaciones e instrumental como el aspirador IPAS AMEU Plus y las cánulas IPAS EasyGrip® para hacer abortos que comercializa la empresa IPAS, peticionaria del caso Beatriz, en todo el mundo, se entiende que es un negocio redondo que busca expandir su mercado a la Región. Incluso Guillermo Ortiz, obstetra de Beatriz que le recomendó el aborto, también trabaja para IPAS como asesor médico senior.

La CIDH recibió al menos US$13,2 millones de cinco organizaciones que financiaron también a los cuatro peticionarios del caso. CEJIL es una de ellas, la cual según Morena Herrera, ayudó en el armado de la presentación ante la CIDH y recibió al menos US$2,2 millones de Ford Foundation, Open Society Foundations y Save the Children, quienes a su vez aportaron a la CIDH US$1,7 millones.

Obviamente la CIDH fue la encargada de presentarlo ante la Corte IDH. La Corte, claramente debería haber desestimado el caso porque “El Salvador se encontraba obligado a ofrecer protección a la hija anencefálica de Beatriz no sólo en razón de sus obligaciones internacionales en relación con el artículo 4.1 de la Convención Americana. También se encontraba a obligado a proteger, junto con la vida de Beatriz, la de su hija porque, de lo contrario, habría infringido las obligaciones internacionales que adquirió tras ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, como señala el Comisionado Ralón Orellana en su voto disidente. Sin embargo, la Corte lo admitió. Por su parte, tres agencias que financiaron a la Corte IDH con al menos US$9,1 millones, explícitamente promueven el aborto y financian, a la vez, a tres de los cuatro peticionarios del caso. AECID, del Gobierno español, por ejemplo, financia al mismo tiempo a la Corte y a la CIDH, por un lado, y a las dos organizaciones peticionarias, de las que Morena Herrera es fundadora y presidente respectivamente y cuya finalidad es legalizar el aborto en El Salvador.

Es decir, las mismas entidades promotoras del aborto pagaron a quienes estaban de un lado y del otro del estrado al acusar y juzgar a El Salvador. Juez y parte comparten financistas. Sólo por esto el caso debería y aún debe ser rechazado y seriamente investigado.

Para las 90 ONGs, en este caso, las organizaciones peticionarias armaron un caso falso con más delitos, los cuales según ellas son:

1. Violación del derecho a la intimidad de Beatriz al robar su historial médico.
2. Engañar al personal del hospital.
3. Distorsionar su diagnóstico clínico.
4. Incitar a los médicos a hacer en secreto un aborto ilegal.
5. Distorsionar la memoria de la mujer que abusaron.
6. Difundir información y noticias falsas.
7. Ser parte de los conflictos de interés que envuelven a la Corte IDH.

Informe del Global Center for Human Rights

El informe de Global Center for Human Rights representó a seis de las 13 relatorías de Derechos que tiene la CIDH : 1. Pueblos Indígenas, 2. Mujeres, 3. Personas Migrantes, 4. Libertad de Expresión, 5. Niñez, 6. Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 7. Personas Privadas de Libertad, 8. Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, 9. Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, 10. Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 11. Memoria, Verdad y Justicia, 12. Personas Mayores, y 13. Discapacidad.

Los redactores del informe afirman que hay una disparidad entre relatorías y que se nota en la información disponible acerca de las actividades de cada una de ellas:

Mientras algunas relatorías publican regularmente informes temáticos e incluso informes anuales propios, otras han pasado años sin publicar. Las prioridades de la CIDH pueden observarse con facilidad en la actividad de sus relatorías.

Por otra parte, el informe cuestiona la independencia del SIDH por no tener fondos propios y para ello, en sus conclusiones citó al juez Ricardo Pérez Manrique, que en su discurso de postulación a la presidencia de la Corte IDH, en mayo de 2024, aseguró que es imprescindible alcanzar la independencia presupuestaria de manera que “todos los fondos necesarios surjan del presupuesto de la OEA porque de cada diez dólares que gasta hoy la Corte, seis los aporta la OEA y cuatro son aportes financieros internacionales”. Especialmente la CIDH, aún más permeable al financiamiento extraordinario y a condicionamientos externos, debe aspirar al mismo objetivo. Ambos órganos son complementarios en su tarea protectora de derechos humanos en la región y es imposible pensar en la imparcialidad de uno sin la imparcialidad del otro.