Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia en el caso Beatriz y otros vs. El Salvador
En su decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado de El Salvador internacionalmente responsable por:
el incumplimiento con su deber de debida diligencia en la garantía de los derechos al acceso a recursos judiciales efectivos, a la integridad personal, a la salud y la vida privada de una mujer que transitó un embarazo con riesgos múltiples en una situación de violencia obstétrica generada por la inseguridad jurídica sobre la legalidad de la actuación del personal médico involucrado en su caso.
El Caso Beatriz vs. El Salvador trata sobre una joven embarazada que ya tenía una hija. Beatriz padecía de lupus y tuvo un embarazo de alto riesgo pues su bebé fue diagnosticada con anencefalia (condición incompatible con la vida extrauterina).
En la sentencia de la Corte IDH destaca que Beatriz confrontó situaciones en el marco del sistema de salud pública y de administración de justicia que generaron inseguridad jurídica en términos de atención médica oportuna y adecuada, y violencia obstétrica.
El 3 de junio de 2013, una semana después de que la Sala Constitucional negara el recurso de amparo que impulsaron los grupos feministas con Beatriz, ella se sometió a una cesárea y su segunda hija nació y falleció cinco horas después.
Cuatro años más tarde, en octubre de 2017, Beatriz murió en un accidente de tránsito.
Corte IDH recomendó adecuación de protocolos médicos
Mediante un acto virtual a las 2:00 p.m., el vicepresidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, leyó la parte dispositiva de la resolución adoptada el pasado 22 de noviembre. De esta forma concluye el litigio que se extendió por más de 10 años tanto en tribunales de El Salvador como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Corte estableció la responsabilidad del Estado por la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belem do Para y ordenó, entre otras medidas de reparación, establecer directrices y guías de actuación para el personal médico y judicial, a través de la adecuación de los protocolos médicos existentes o de cualquier otra medida normativa que garantice la seguridad jurídica en la atención de casos similares.
La Corte IDH rechazó arbitrar entre las diferentes opiniones médicas y la validez de las conclusiones de los dictámenes emitidos por instancias oficiales salvadoreñas sobre el caso y afirmó que la Corte concluyó que no le correspondía establecer cuál era la mejor forma de abordar la atención de caso (incluido un eventual aborto terapéutico), por lo que no se iba a referir a las presuntas violaciones al derecho a la vida de la víctima, generadas por las decisiones u opiniones médicas:
Cabe señalar que Beatriz falleció el 8 de octubre de 2017, luego de contraer una neumonía nosocomial, al ser tratada por un accidente de tránsito. Dado que no se probó nexo causal entre el fallecimiento de Beatriz en 2017 y la atención médica durante su segundo embarazo en 2013, la Corte consideró que tampoco correspondía pronunciarse en materia de responsabilidad estatal por este hecho.
La votación en el caso Beatriz
El Juez colombiano Humberto Antonio Sierra Porto dio a conocer su voto concurrente y parcialmente disidente.
Además de Sierra, participaron en la emisión de la presente Sentencia los jueces: Nancy Hernández López, Presidenta (Costa Rica); Rodrigo Mudrovitsch, Vicepresidente (Brasil); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), y Verónica Gómez (Argentina).
La jueza chilena Patricia Pérez Goldberg, se excusó de participar en el presente caso por lo que no participó en la deliberación y firma de esta Sentencia. Ella explicó que padece lupus eritematoso sistémico, activado durante el embarazo que puso en riesgo su vida y le generó una discapacidad física permanente, una similitud con los padecimientos que sufrió en vida la víctima de este caso. Pérez argumentó que esa situación, sumada a sus declaraciones públicas al respecto, podría comprometer la percepción de imparcialidad y la legitimidad del tribunal.
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Redacción
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