La diputada liberacionista, Carolina Delgado, interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) para detener el proceso de adjudicación del servicio de revisión técnica (RTV), tras vencerse el contrato con la compañía española Riteve.
Delgado basa su denuncia en que el artículo 25 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, indica que corresponde al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) otorgar las autorizaciones para los centros que realizan la inspección técnica vehicular.
Contrario a lo indicado en el cartel de participación para empresas interesadas en brindar el servicio, pues se asegura que será el Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el que recibirá las propuestas, las tramite y otorgue el permiso de funcionamiento.
El MOPT se basa en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, la Ley General de Administración Pública y la Ley de Contratación Administrativa.
“No puede el MOPT asumir la recepción de ofertas y, mucho menos, otorgar el permiso de uso en precario puro y simple para la operación de la inspección técnica vehicular, pues de hacerlo violentaría lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual el superior no puede avocar la competencia, revisar o sustituir la conducta ni girarle órdenes, instrucciones o circulares al órgano con desconcentración máxima otorgada por Ley”, enfatiza la legisladora en su denuncia.
La verdiblanca advirtió que al avocarse la competencia dada al COSEVI por la ley, es posible que la adjudicación sea declarada nula e inejecutable de conformidad con lo que señala la Ley General de la Administración Pública.
Asimismo, solicitó a la CGR valorar si es necesario interponer una denuncia por un posible delito de prevaricato y detener lo dictado de un acto contrario a la normativa “que puede lesionar la Hacienda Pública”.
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