Caja asegura que su actuación fue para proteger derechos a la vida y la salud

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguró que su actuación durante el proceso de negociación -que puso fin a la huelga que mantuvieron la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y el Frente Sindical durante una semana- tuvo como principal objetivo proteger los derechos a la vida y a la salud.

El proceso de negociación entre autoridades de la Caja, sindicatos del sector salud y representantes del Gobierno terminó el lunes 12 de agosto, tras 40 horas de discusión y después de 8 días de huelga donde se perdieron casi 83.000 citas, 1.663 cirugías y 13.602 procedimientos, según el módulo de Sistema de Información Agenda y Citas (SIAC) del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja.

La negociación dio como resultado varios acuerdos que han generado distintas opiniones entre la población costarricense. El presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya, indicó que se enfocaron en procurar arreglos que permitieran restablecer los servicios que ofrecen en todo el país.

“El propósito fue acabar con el drama de miles de personas a quienes se les canceló sus citas para consultas generales, especializadas, procedimientos e intervenciones quirúrgicas. Se estaba entrando a una situación muy riesgosa que como institución se tenía que evitar”, explicó Macaya.

Añadió que lo negociado con los sindicatos y el Poder Ejecutivo no fue un arreglo perfecto, sino uno posible que se logró suscribir en una coyuntura que tenía como urgencia restablecer los servicios y llevar paz social a la población.

Acuerdos

La deposición de la huelga se dio tras acordar mantener vigente el pacto laboral firmado el 20 de febrero anterior, que tiene relación con la aplicación de una manera diferente de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, sus reglamentos y decretos.

A raíz de la situación, la Caja acudirá ante la sede jurisdiccional que compete para solicitar un recurso de lesividad y, mientras los Tribunales de Justicia emiten una sentencia judicial o digan lo contrario, se mantiene vigente el acuerdo.

Se trata específicamente de condiciones relacionadas con las anualidades, incentivos, complementos, sobresueldos y pluses.

También se pactó sobre la Carrera Profesional, con lo cual a partir de este 15 de setiembre se hará un acuerdo con el decreto vigente; mientras que, con los pagos retroactivos, los sindicatos y Gerencia General seguirán negociando.

Otros de los puntos de la negociación fueron:

• La Presidencia Ejecutiva redactará un proyecto de ley junto con el Poder Ejecutivo para mantener los pagos a los colaboradores de manera bisemanal. Este deberá ser presentado en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
• Acerca del auxilio de cesantía, acordaron finiquitar en 30 días máximo.
• Se levantará una mesa de diálogo para analizar las propuestas de reforma al reglamento de contratación de servicios a terceros.
• La CCSS deberá hacer un estudio integral de puestos y salarios y compartir los resultados con la Junta Directiva en el primer semestre del 2021.
• El retroactivo acumulado de los funcionarios de la Caja y el ajuste de salario correspondiente al primer semestre del 2019, se depositará a más tardar el 15 de octubre.

Asimismo, se negoció que la institución no ejercerá ningún tipo de sanción contra los dirigentes sindicales y los funcionarios que participaron en las manifestaciones.

Por su parte, la Caja aclaró que no está desoyendo la Ley de las Finanzas Públicas y que por el lo contrario, desde que se publicó la Ley el 4 de diciembre en La Gaceta, han remitido a sus trabajadores una circular informando sobre las nuevas reglas que empezarían a aplicar con el marco jurídico.

“Nuestra institución está aplicando la Ley 9.635, en lo único que hay pausa es en dos temas: anualidades y pluses y por eso llevamos esta negociación a una judicialización para que sean los Tribunales de Justicia quienes resuelvan la diferencia", recalcó el doctor Macaya.

Agregó: "El arreglo suscrito con los sindicatos y el Poder Ejecutivo no tiene disparadores del gasto, no significó ningún aumento de salarios, privilegios, ni pluses porque en la institución nadie está por encima de la ley”.

Empresarios en desacuerdo con negociación

Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), indicó que es el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien debe asumir la responsabilidad política ante el acuerdo y lo que consideran incongruencias.

Afirman que la petición clara y contundente del sector privado, es que se dé marcha atrás con el documento firmado, pues consideran que la ley en Costa Rica debe cumplirse.

Un ejemplo claro sobre ello que señalaron, es el proceso de lesividad que se estará llevando a los tribunales. “Mientras se resuelve tendrá costos abusivos en contra de los bolsillos de los costarricenses”, indicó la institución.

Para Gonzalo Delgado, presidente de la Unión, el conflicto entre los sindicatos y las autoridades de la Caja sobrepasó al presidente de la institución, Macaya.

“Hay incongruencias en el gobierno, pues los ministros de Trabajo y Presidencia junto con el señor Macaya firmaron un convenio, involucrando al presidente Alvarado y a la ministra de Hacienda, con respecto al compromiso subsidiario de pago, situación que hoy denunciamos y por lo cual pedimos explicaciones al mandatario Alvarado”, expresó Delgado.

El presidente de UCCAEP también afirmó que es incongruente porque se le exigió sacrificio a los costarricenses y ahora se compensa a los sindicatos.

“Hace solo una semana, el presidente Alvarado le solicitó a UCCAEP confianza, pero con este tipo de acuerdos no la genera, comprometiendo la reactivación económica. Al país como un todo y al sector productivo nos cuesta cada día no caer en el precipicio fiscal y evitar mayor desempleo e informalidad al pagar mayores cargas tributarias. Sin embargo, pareciera que la ley no se aplica para todos por igual”, detalló el representante de la Unión.

Acuerdo da de qué hablar entre diputados

Legisladores como María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) mostraron su desacuerdo con la negociación.

“Yo como diputada, como socialcristiana y como costarricense voy a defender a la Caja Costarricense de Seguro Social y todos los derechos de los costarricenses, sin permitir que algunos privilegios para algunos cuantos pasen por encima de los poderes de la República. Es un llamado para al presidente Alvarado. Presidente: respeto de poderes, dése a valer; no permita que unos cuentos destruyan nuestro país y quiebren la Caja de Seguro Social”, externó Solís a través de sus redes sociales.

El bloque Nueva República alegó que la improvisación con los nuevos impuestos abre portillos y favoritismos. Los diputados indicaron que desde hace un año advirtieron que el Plan Fiscal se estaba aprobando de manera apresurada, imprecisa e incoherente.

“Hoy, el tiempo y los hechos nos demuestran que no nos equivocamos. En aquel momento muchos sectores se quedaron callados, no porque estuvieran de acuerdo con esta Reforma, sino porque ni siquiera sabían cuánto le afectaría a su bolsillo y en la economía familiar”, comentó Carmen Chan, coordinadora del bloque.

Jonathan Prendas, diputado del mismo bloque, enfatizó: “Que los gremios exijan lo que consideran sus derechos es entendible y razonable, lo grave es que el camino que encuentra el Gobierno para solucionar el conflicto en este tema salarial sea echar abajo la Ley. Cómo es posible que la negociación del Gobierno para calmar a los sindicatos sea un acuerdo en contra de la Ley de las Finanzas Públicas, que con tanto apuro el PAC aprobó y ha defendido por encima del clamor social".