Desde enero de 2022, el Congreso aprobó la ley 22.188 de Comercio al aire libre, que permite a los comercios la expansión de sus servicios a espacios públicos como: aceras, plazas, calles, parques, entre otros.
Las municipalidades pueden brindar este permiso siempre que sea para comercialización de alimentos y bebidas; sin embargo, poco más de un año después de haber sido firmada la ley por el entonces mandatario, Carlos Alvarado, aún los gobiernos locales no lo aplican.
Así lo denunció la diputada liberacionista Carolina Delgado: “Hace seis meses los gobiernos locales debieron reglamentar la ley que permite a los comercios operar al aire libre, pero esto no está ocurriendo”, dijo.
La legisladora envió la semana pasada un oficio a todos los gobiernos locales, en donde solicitaba información sobre cómo avanza la aprobación de este reglamento y su vigencia.
Una vía para generar empleo y crear espacios de convivencia
De acuerdo con la verdiblanca, al existir más espacios de venta habrá más clientela, con lo que llegarán mayores ventas para el comercio. “Esto puede generar más visitas incluso de turistas extranjeros, que se ven atraídos por este tipo de modalidad. Se pueden generar más oportunidades de empleo y todo esto incidirá en la reactivación de la economía”, detalló Delgado.
Con respecto al tema de los turistas, reconoció que es un reto ambicioso, pues incluye crear condiciones para que centros urbanos atraigan visitantes y desarrollen el auge de una cadena de negocios, como: recorridos por la ciudad, visitas a sitios culturales e históricos, entre otros.
La diputada enfatizó en que “entre más se atrase la implementación de la ley por medio de los reglamentos que deben aprobar los gobiernos locales, más se va a retrasar la generación de los beneficios citados”.
A través de esta ley, también se espera abrir espacios de convivencia e integración social, que incentivaría a las personas a conocer más las comunidades en las que residen, o bien, las que visitan.
“Los propios empresarios y gobiernos locales reconocieron el impacto que tendría esta ley. Pueden hacer sus aportes para el embellecimiento de estos espacios públicos, lo que genera más seguridad, más atracción turística, mayores alianzas público-privadas y más apertura al desarrollo de otras actividades paralelas”, recordó Delgado.
Desde el 9 de agosto de 2022 se venció el plazo de seis meses que tenían las municipalidades para implementar la ley.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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