La Fundación MarViva presentó una demanda contra el Estado costarricense por presentar vicios graves que violan el ordenamiento jurídico costarricense y ser contrario a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), adoptada por Costa Rica en 1975.
En la demanda solicita la anulación del Decreto Ejecutivo Nº 42842-MINAE-MAG de febrero de 2021, que según la fundación, pone en riesgo a especies marinas protegidas o bajo estado de amenaza, pues como parte de él, la administración de CITIES fue designada al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Con ello, se le transfirieron competencias para conocer y tramitar solicitudes de exportación de especies marinas vulnerables y declaradas de interés pesquero. Además, crearon el Consejo Científico Técnico, la autoridad científica que está a cargo de elaborar los criterios técnicos sobre la viabilidad de autorizar el comercio internacional de especies marinas vulnerables protegidas por la Convención.
Principios de imparcialidad y objetividad son violentados
Para Marviva, al INCOPESCA contar con la autorización de tomar decisiones sobre el comercio de especies de vida silvestre, declaradas de interés pesquero y acuícola, se violenta los principios de imparcialidad y objetividad.
En la Convención se indica que para garantizar que las decisiones sobre el comercio internacional de estas especies se basen en ciencia y no solo en criterios legales o atinentes a intereses económicos de sectores, la autoridad administrativa y científica deben ser distintas.
Otra irregularidad que resalta MarViva, es la tramitación del decreto en un periodo en el que las organizaciones y academia estaban gozando del receso de fin de año. Con esto, Katherine Arroyo, gerente de Incidencia Política de la fundación, asegura que se violentó el derecho a la participación efectiva del público interesado, contrario a lo que establece el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, que exige conceder audiencia a las entidades representativas de intereses generales sobre los proyectos de decreto que pueden afectarles.
“La forma en la que las autoridades realizaron el proceso de consulta de este decreto es contraria a principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad, así como a los estándares internacionales de transparencia, inclusión y participación efectiva del público en la toma de decisiones ambientales. Por ejemplo, no es razonable someter a consulta un reglamento con incidencia directa en materia ambiental, en un periodo de tiempo en el que las organizaciones sociales, la academia y las organizaciones no gubernamentales se encontraban gozando del receso de cierre de año”, explicó Arroyo.
Añadió que el decreto también violenta el principio de jerarquía normativa, con el que el Poder Ejecutivo no puede aprobar decretos que sean contrarios a las leyes, en este caso, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, misma que implementa el Convenio CITIES en Costa Rica y establece que la autoridad a cargo de la administración del CITIES, es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Primer paso en el manejo sostenible de especies marinas vulnerables
Arroyo resaltó que lograr la anulación de este decreto es el primer paso para incentivar el manejo sostenible de especies marinas vulnerables y su protección. "Aunque sean declaradas de interés comercial, siguen siendo vida silvestre. Por esto deben ser gestionadas por las autoridades con competencias en materia de conservación, en coordinación con los demás sectores e instituciones vinculadas a la gobernanza marina", comentó.
Para la gerente de Incidencia Política de MarViva, se necesitan acciones complementarias, pues como país líder en el desarrollo sostenible a nivel mundial, no se debe dar paso a la comercialización tanto nacional como internacional, de ninguna especie de tiburón.
“Lograr la anulación de este decreto es apenas un primer paso para promover la protección y el manejo sostenible de especies marinas vulnerables, las cuales, aunque sean declaradas como de interés comercial, siguen siendo vida silvestre. Por ello, deben ser gestionadas por las autoridades con competencias en materia de conservación, en coordinación con los demás sectores e instituciones vinculadas a la gobernanza marina. Sin embargo, se necesitan acciones complementarias: Costa Rica, como líder en desarrollo sostenible a nivel mundial, no debe permitir la comercialización nacional ni internacional de ninguna especie de tiburón, que esté protegida por los apéndices CITES”, añadió Arroyo.
Específicamente, la Convención protege especies como: tiburones ballena, martillo, sedoso y zorro. Su principal objetivo es regular el comercio de ellos para que no se comprometa su supervivencia.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
