
La llegada de la pandemia ha representado un reto importante para empresas públicas y privadas. Millones de organizaciones, funcionarios, trabajadores y estudiantes fueron obligados al trabajo virtual, así como las organizaciones implementaron nuevas estrategias para cumplir con los proyectos, prestar los servicios a la ciudadanía y además, atender las necesidades apremiantes de la población.
A raíz de la situación, la gestión del Estado y la necesidad de afianzar el gobierno digital cobran un protagonismo inusitado. La crisis acelera la urgencia de incorporar conceptos analíticos en la gestión pública, las estrategias de datos abiertos y tener en el diseño de sus nuevas estrategias de transformación, un enfoque sólido de seguridad y privacidad.
Para Daniel Verswyvel, gerente de Microsoft Centroamérica, "la transformación digital en el Estado implica un cambio a la mirada estratégica de largo plazo e involucra no solo el aspecto tecnológico, sino también los procesos y la cultura de las entidades públicas”.
Verswyvel añadió que luego de haber reaccionado y asegurado la continuidad de las operaciones y servicios del Estado, los gobiernos se ven ahora en una nueva etapa donde se replantea la interacción con los ciudadanos digitales o por digitalizarse.
La nube como facilitador hacia una transformación digital segura
Ante el panorama, la nube se torna en un facilitador hacia una transformación digital segura, aunque precisamente el 25 de noviembre el servicio de nube de Amazon Web Services (AWS) -el más usado de la industria-, se vio interrumpido por varias horas e impidió las operaciones de miles de páginas web y plataformas que se basan en él.
"La API Kinesis Data Streams se encuentra actualmente no operativa en la región US-EAST-1. Como consecuencia, los clientes no pueden escribir o leer datos publicados en las transmisiones Kinesis", publicó AWS en su página web.
Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la tecnología en la nube brinda facilidad a la gestión estatal y disminución de un 50% en los tiempos de implementación de los proyectos tecnológicos; ahorros cercanos al 30% en el gasto, acceso a mejores estándares de calidad de servicios digitales e innovaciones.
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