Por: Lorena de la Garza Jiménez, estudiante de Maestría en Derechos Humanos de la UNED
En la encuesta realizada el año anterior por el por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en colaboración con el Ministerio de Salud, la Encuesta Mujer, Niñez y Adolescencia (EMNA), se reveló que el 58% de las mujeres entre 15 y 49 años, sufrió violencia obstétrica al dar a luz tanto por parto vaginal como mediante cesárea.
Este porcentaje es sin duda una alarmante, ya que demuestra que en nuestro país se pone en riesgo la salud física, fisiológica y psicológica de las mujeres que dan a luz en los hospitales públicos.
Al respecto se reportan hechos como: no consultar sobre los medicamentos que se les aplican, no dar explicaciones comprensibles, gritarles y regañarles; criticarlas con comentarios agresivos y despectivos, la no obtención de apoyo adecuado, obligárseles a pujar sin ser necesario y, en algunos casos, hasta algunos tipos de agresión física.
La violencia obstétrica es –claramente- una violación a los derechos humanos de las mujeres, donde se ven coartados sus derechos básicos a la salud, la libertad, dignidad e intimidad. Adicionalmente, al ser tratadas diferente que a los hombres, se incumple con el derecho a la igualdad, lo que se convierte en violencia de género con el agravante de la vulnerabilidad en las circunstancias que rodean la reproducción.
Este maltrato y humillación contra la mujer, no solo viola su derecho a vivir una vida libre de violencia, sino que también pone en peligro su vida, su salud, su integridad física, su intimidad, su autonomía y su derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación.
Definitivamente, la violencia obstétrica es el resultado de un contexto de desigualdad estructural y discriminación. Esto denota una sociedad machista y no evolucionada.
Como sociedad debemos luchar y poner alto a este tipo de violencia de derechos y hacer un llamado al Estado para tome medidas enérgicas, donde exista el diálogo, la investigación y el apoyo con respecto a este problema tanto de salud pública como de derechos humanos.
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