
El diputado Fabricio Alvarado de Nueva República, presentó un proyecto de ley para que los privados de libertad tengan la obligación de trabajar.
De acuerdo con el congresista, la manutención de cada preso es de aproximadamente ₡437.840 por mes, una suma que pagan los costarricenses en los impuestos.
Consideramos que es necesario que los privados de libertad tengan la obligación de un oficio con el fin de que puedan generar recursos que ayuden a disminuir la carga para el Estado de manutención, que además permita que los reclusos puedan contribuir económicamente con sus familias.
Trabajo en cárcel ayuda a la inserción social
Dentro de los beneficios de este proyecto, el diputado menciona que el trabajo en la cárcel contribuye en la reinserción social, para que cuando cumplan su condena, salgan a la comunidad a aportar de manera positiva.
El trabajo tiene una importante función educativa en la adquisición de hábitos pautados y valores vinculados al proceso de resocialización, que puede servir para una posterior reinserción social.
Según Alvarado, esta acción facilita que los privados de libertad socialicen por medio del aprendizaje e interiorización de comportamientos, valores y hábitos, al mismo tiempo en que estructuran sus vidas en reclusión, lo que incentiva la estabilidad emocional y reduce la conflictividad.
Código penal actual tiene vacíos legales que impiden el trabajo de reos
El artículo 55 del Código Penal estipula el trabajo en cárceles, pero sus vacíos legales impiden que se implemente.
Por esto, los diputados de Nueva República hemos presentado el proyecto Ley para la Inclusión del Trabajo en la Pena Privativa de Libertad. Tiene parámetros claros para el desarrollo de la actividad laboral en los centros penitenciarios, permitiendo que el trabajo pueda ser incluido como parte de la pena impuesta por el juez, en función del caso y del perfil del interno.
Dentro del texto del proyecto, se incluyen convenios con instituciones y empresas, para incentivar la colaboración entre sector público y privado, para contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades.
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