
En Costa Rica los jóvenes y niños entre los 12 y 24 años de edad que no estudian ni trabajan, representan un 19,3% de esta población. Además, tienen el peor nivel académico según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por medio de un estudio que realizó en 43 naciones, la OCDE identificó que Costa Rica posee la proporción más alta de jóvenes que no han terminado los estudios de secundaria: 68,7%, mientras que en los 34 países que conforman la Organización, el promedio es de 36,1%.
Según estimaciones del análisis, uno de cada tres jóvenes sin estudiar ni trabajar, vive en un hogar cuyos integrantes no tienen empleo. Una cantidad alta si se compara con los jóvenes en general, quienes solo uno de cada diez reside en un hogar con personas desempleadas.
El problema recae en que al no tener formación académica, podrían lidiar con dificultades para conseguir empleos de calidad e incluso pueden permanecer rezagados por largos lapsos en el ámbito laboral.
Acciones de la política pública
La Contraloría General de la República (CGR) analizó las acciones de política pública que realiza el Gobierno para atender a esta población en vulnerabilidad social, que de acuerdo con el Estado de la Región para Costa Rica, a febrero del 2017 comprendía 150.000 personas.
A través del análisis, se encontraron debilidades importantes en la gestión de la coordinación de las instituciones rectoras y los alcances, así como en las coberturas de los programas sociales dirigidos a solventar esta problemática.
“El Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y el Patronato Nacional de la Infancia, deben elaborar e implementar procedimientos, con el fin de coordinar las acciones en favor de los adolescentes”, señala la Contraloría en su informe.
Una de las soluciones que se propone en el documento, es que desde el Ministerio de Cultura y Juventud se lleven a cabo las acciones pertinentes para que el Consejo de la Persona Joven cuente con un lugar fijo en el Consejo de la Niñez y Adolescencia.
Asimismo hace énfasis en que esta entidad debe publicar una directriz con la política pública para la persona joven, para que sea de acatamiento obligatorio para todas las instituciones involucradas en la ejecución de la misma.
Zona de atención
Según la CGR, la situación de estos jóvenes es considerada como una problemática que enfrenta el país, porque se desaprovecha la oportunidad de contar con una generación mejor capacitada para adaptarse al cambio y las tecnologías.

El estudio reveló que en 21 cantones la cantidad de jóvenes en esta condición supera el 22% de su población joven, mientras que en 10 cantones la cantidad sobrepasa el 26% del total de las personas jóvenes que habitan allí.
A criterio de la Contraloría, estos 10 cantones conforman una zona de atención que tiene nula o poca intervención de los programas sociales. “Las ayudas se concentran en el Gran Área Metropolitana. Los cantones de Guácimo, Siquirres y Matina son los que menos beneficiarios tienen”, señala.
Retención del rezago educativo
El Programa Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que consiste en una Transferencia Económica Condicionada, es uno de los esfuerzos que hace el Estado por reducir la tasa de jóvenes sin estudiar ni trabajar.
Tiene como objetivos incentivar la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo, prevenir el trabajo infantil y disminuir el abandono, deserción y rezago educativo.
Es por eso que está dirigido a personas jóvenes, personas adultas y adultas mayores que se encuentran en condición de pobreza extrema o básica y requieren apoyo económico para culminar el proceso educativo formal de secundaria.
Alguno de los requisitos que debe presentar el postulante a esta entidad son: ficha de Información Social (FIS) vigente, constancia de matrícula del centro educativo, fotocopia de la cédula vigente del postulante, cédula de residencia y constancia salarial.
A través de la cultura
Otra de las instituciones que trabaja en pro del desarrollo de los jóvenes, es el Sistema Nacional de Educación Musical (SiNEM), una entidad del Ministerio de Cultura y Juventud cuya función principal es establecer programas de formación y extensión musical en zonas con deterioro de indicadores sociales de todo el país.
Estos programas están dirigidos a niños, niñas y adolescentes y pretende servir como una herramienta de desarrollo humano e inclusión social para fomentar destrezas, habilidades y actitudes que permitan mejorar la convivencia y el trabajo en cooperación de esta población.
Cuenta con 23 sedes en todo el país y a ellas asisten más de 7.000 estudiantes. Los precios varían entre los ₡7.500 y ₡12.000 por mes, según la sede.
El Parque La Libertad también es una de las iniciativas de este Ministerio. Funciona desde el 2008 y su actuar se ha centrado en crear un espacio público autosostenible e inclusivo, además de incentivar el desarrollo social, económico y ambiental.
De acuerdo con Luis Alejandro Acuña, gestor de juventudes del Parque, trabajan desde ejes como: ambiental, micro, pequeñas y medianas empresas y promoción y desarrollo comunitario.
La OCDE estima que en el 2025, Costa Rica logre reducir en un 15% el número de jóvenes que no estudia ni trabaja, a través de políticas focalizadas en este objetivo.
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